El intendente de San Francisco del Monte de Oro, junto a su esposa, el secretario de Gobierno Ary Sepak, y otros involucrados, enfrenta acusaciones por la presunta apropiación de un predio valuado en aproximadamente 200 mil dólares.
En un intento por detener el avance del proceso judicial y frenar la cobertura mediática del caso, el mandatario local ha solicitado la retirada de publicaciones de los medios afines de Poggi (El Chorrillero y Depolitica), y ha pedido que se abstengan de publicar información en el futuro.
La audiencia de formulación de cargos contra Juan Carlos Flores, prevista para este miércoles, está vinculada a una causa de estafa que data de 2001. Además de Flores, están implicados su esposa, Ivana Castro; el secretario de Gobierno municipal, Ary Sepak; su padre, Davorín Sepak; y la pareja de Ary, Ayelén Quiroz.
Suspensión de audiencia y pedido de censura
Horas antes de que se celebrara la audiencia, Flores presentó un escrito ante la fiscalía de Instrucción N°3 solicitando la suspensión de la indagatoria, alegando que el acto oficial del Día del Maestro en San Francisco requiere su presencia, ya que se espera la concurrencia de las máximas autoridades provinciales. Como argumento adicional, mencionó que su abogado defensor, Facundo Sosa, se encuentra recuperándose de una cirugía de urgencia, lo que le impide asistir.
El intendente también exigió que se retiren de circulación dos notas periodísticas publicadas por El Chorrillero y Depolitica, alegando que contienen “falacias” y constituyen un “proceder antiético”. Además, solicitó que el abogado de la víctima, Marcelo Estrada, “se abstenga de realizar desmanejos publicitarios, maliciosos y ladinos”.
Detalles de la maniobra denunciada
Flores y los demás acusados están sospechados de apropiarse de un predio ubicado en el centro de San Francisco del Monte de Oro. Según la denuncia, Ary Sepak adquirió el terreno de su padre, Davorín Sepak, para construir canchas de pádel, ignorando en la transacción que la propiedad estaba en condominio, ya que también pertenecía a Lilia Valdez, la esposa de Sepak padre.
Ante la gravedad de las acusaciones, Flores solicitó además que el expediente judicial se mantenga en reserva, argumentando que se trata de “figuras públicas” y que cualquier persona podría acceder al expediente, extraer información y “convertirla en maliciosa a conveniencia”. Afirmó que esta medida es necesaria para proteger sus garantías constitucionales, el debido proceso y su derecho de defensa.
Reacciones y próxima etapa del proceso
Este pedido de censura y la solicitud de reserva del expediente han generado preocupación en los medios locales, que consideran que atentan contra la libertad de prensa y el derecho del público a estar informado. Se espera que la fiscalía se pronuncie sobre los requerimientos de Flores y determine si la audiencia de formulación de cargos se reprograma o sigue adelante según lo previsto.