Vaciamiento, robos en banda y un complejo cultural convertido en hotel de lujo: el escándalo detrás de Molino Fénix y la Casa de la Música
Cuando el kirchnerismo provincial sintió que el barco se hundía, algunos prefirieron no irse con las manos vacías. Lo que debía ser un polo cultural terminó como un botín de guerra: millones evaporados, equipos desaparecidos, documentos en la basura y suites de lujo convertidas en vivienda privada.
La exfuncionaria Anabela Lucero y su pareja, el diputado provincial Joaquín Beltrán, fueron citados a indagatoria junto a otros cinco imputados por robo calificado, peculado y defraudación a la administración pública, delitos que llevan la firma del clan que manejó el Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música hasta diciembre de 2023.
El fiscal José Olguín y el juez de Garantías Santiago Ortiz formalizaron la citación para el próximo 21 de febrero, donde los acusados deberán explicar cómo se “evaporaron” 1.061 millones de pesos en un año y por qué los camiones oficiales salían repletos de equipos para terminar en un taller privado.
Desfalco en cuotas: 100 millones por mes
Las cifras son brutales. En once meses de gestión, Molino Fénix recibió más de mil millones de pesos, un presupuesto digno de un ministerio. La plata volaba, pero en la auditoría post cambio de gobierno no quedaron ni los legajos del personal.
Lo que sí quedó fue la evidencia: imágenes, testimonios y hasta las patentes de los vehículos que sacaban mobiliario, equipos de sonido y hasta comida, con destino a la sede partidaria de Lucero, en la calle Pringles. Porque si algo faltaba en esta historia era el clásico “reparto de cajas” con fines electorales.
Un hotel de lujo pagado con impuestos
Si faltaba un capítulo bizarro en esta historia, es este: Lucero y su familia decidieron mudarse al complejo. Mientras remodelaban su casa, se instalaron en las suites diseñadas para músicos y se daban la gran vida con servicios completos, comidas incluidas, financiados con fondos públicos. La Casa de la Música se convirtió en el Airbnb VIP del poder.
Pero la voracidad no terminó ahí. En las últimas 48 horas antes del cambio de gobierno, un desfile de vehículos oficiales sacó bolsas negras repletas de documentos y archivos rumbo al basural. No quedó nada. Ni registros, ni contratos, ni facturas. Un final bien peronista: papeles quemados y cuentas en rojo.
Los rostros del escándalo
Además de Lucero y Beltrán, la Justicia también imputó a:
🔹 Enzo Fabricio Lucero (hermano de la exfuncionaria)
🔹 Exequiel Scarel (jefe de Eventos)
🔹 Diego Torres (coordinador de Teatro)
🔹 Mariela Dutto y Sebastián Fernández, otros empleados que participaron del vaciamiento.
Los siete deberán sentarse en el banquillo y responder por qué desmantelaron uno de los principales espacios culturales de la provincia y lo convirtieron en su caja personal.
Por ahora, la única certeza es que el saqueo no fue improvisado. Desenchufaron cámaras de seguridad, usaron vehículos oficiales, manipularon empleados y borraron pruebas. Un plan meticuloso, digno de una asociación ilícita más que de una administración pública.
La Justicia ya puso la mira sobre Lucero y su entorno. La pregunta es: hasta dónde llegarán las responsabilidades y quién más caerá en la red de corrupción que financió la última fiesta del poder en San Luis.