La ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, criticó fuertemente a la Justicia por la “puerta giratoria” y cuestionó la administración anterior, encabezada por el exgobernador Alberto Rodríguez Saá. Afirmó que en aquella época “se cocinaba cocaína” dentro del Servicio Penitenciario Provincial y que se votaron leyes para favorecer a presos, mientras los policías permanecían “encerrados en casetas sin baños”.

Este lunes, inició el ciclo lectivo 2025 del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) ‘Coronel Juan Pascual Pringles’, un acto que contó con la presencia del gobernador Claudio Poggi y la ministra de Seguridad de la Provincia, Nancy Sosa, quien realizó fuertes declaraciones sobre la situación de la Justicia y de la gestión anterior en materia de seguridad.

En el cierre de su discurso, la ministra Sosa lanzó una dura acusación contra la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá y lo que llamó “sus buenos muchachos”:

“Les recuerdo a todos que, en la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, en el servicio penitenciario provincial funcionaba una cocina de cocaína. Se votó una ley de parajes para favorecer a algunos presos, para que cumplieran su pena en las localidades del interior de San Luis y no tras las rejas. Y se encerró, además, a los policías en casetas o nodos sin baños, mientras la droga circulaba libremente por los barrios”, afirmó.

La funcionaria también acusó a la oposición de actuar “desde un pasquín digital” para destruir la actual administración con “mentiras” y de sostener un estilo de gobierno al que calificó de “caótico”.

La titular de la cartera de Seguridad reclamó al Poder Judicial que acompañe la labor policial y “velen realmente por los vecinos”. Criticó la doctrina “garantista” que, según ella, se sigue aplicando en San Luis, y que otorga libertad rápida a los detenidos por robo:

“Desde la Policía hacemos nuestra parte, pero si la Justicia mantiene la puerta giratoria, el delito aumentará y se volverá más violento”, subrayó Sosa.

En ese sentido, citó cifras recientes que indican que de 1.169 personas detenidas en pleno acto de robo, 90% recuperó la libertad antes de las 24 horas y tan solo 188 recibieron prisión preventiva, en su mayoría por plazos de 30, 60 o 90 días.

Durante el acto en el ISSP, la ministra también detalló los avances que la administración de Claudio Poggi impulsa en materia de seguridad:

• Compra de armamento para prácticas profesionalizantes de los cadetes y agentes.
• Creación de la Unidad de Bienestar Integral (UBI), para cuidar la salud y la integridad del personal policial.
• Plan de Entrenamiento Anual para reentrenar a casi 5.000 efectivos entre policías y penitenciarios.
• Refacciones en las dependencias policiales y construcción de un SUM en el Instituto Superior.
• Inicio de la Licenciatura en Seguridad Pública.
• Entrega de 25 camionetas patrulleras y 2.000 chalecos balísticos.

Sosa enfatizó que la presencia del gobernador Poggi en el acto refleja un respaldo a estas políticas de refuerzo de la seguridad y de profesionalización de las fuerzas.

Según la ministra, el problema radica en la disociación entre las inversiones en seguridad y la respuesta judicial:

“Los esfuerzos que hacemos en el Gobierno no alcanzarán si la Justicia sigue con la puerta giratoria. El delito, tarde o temprano, se agravará”, argumentó.

Tildó de “alarmante” la cifra de reincidencia y la escasa efectividad de las prisiones preventivas, alegando que el garantismo prioriza al delincuente por encima de la víctima.