Una mujer con antecedentes por narcotráfico fue arrestada nuevamente por comercializar drogas en su domicilio, donde vive con sus cuatro hijos menores de edad. La Justicia dictó prisión preventiva por 120 días.

El Juzgado Federal de Villa Mercedes dictó prisión preventiva por 120 días para Esther Margarita Medina, una mujer de 42 años acusada de comercialización de estupefacientes. La detenida ya había sido condenada en 2024 por el mismo delito, pero continuó operando desde su vivienda en el barrio Eva Perón 1.

La Fiscalía Federal, representada por Danilo Miocevic, expuso en la audiencia que la acusada realizaba “pasamanos” con clientes que ingresaban y salían de su casa, en presencia de sus cuatro hijos, de entre 10 y 16 años. Durante el allanamiento realizado el sábado pasado, la Policía secuestró 56,4 gramos de cocaína fraccionada en 14 envoltorios y un trozo sin dividir, además de una balanza de precisión, tijeras y navajas con restos del estupefaciente. También hallaron $1.725.480 en efectivo y otros $169.000 en sus pertenencias.

Ese mismo día, al menos 14 personas se presentaron en su domicilio para comprar droga, lo que refuerza la acusación de comercialización de estupefacientes.

Reincidencia y fundamentos de la prisión preventiva

La fiscalía fundamentó el pedido de detención con el antecedente de Medina: en octubre de 2024 había recibido una condena condicional de tres años de prisión por el mismo delito y desde la misma dirección. En ese momento, el Juzgado Federal de San Luis le otorgó una pena en suspenso, pero no cumplió con las condiciones impuestas y reincidió en la venta de drogas.

El juez federal Juan Carlos Nacul aceptó la solicitud del fiscal y ordenó la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial por 120 días, plazo en el que se espera el análisis de teléfonos celulares secuestrados y pruebas periciales sobre la droga incautada. La investigación deberá concluir antes del 26 de septiembre.

Uno de los argumentos centrales de la fiscalía para negar la excarcelación fue que la acusada no tiene arraigo laboral y solo percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, resaltaron que la venta de cocaína tiene un alto nivel de daño en la salud pública y una escala penal de entre 4 y 5 años de prisión efectiva.

Intento de defensa y rechazo del arresto domiciliario

Los abogados de Medina, Bautista Rivadera y Gustavo César Muñoz, solicitaron la excarcelación bajo caución de $1 millón, argumentando que era el monto que su defendida podía afrontar. También pidieron prisión domiciliaria para que pudiera continuar cuidando a sus hijos.

Sin embargo, el juez Nacul rechazó la domiciliaria por considerar que la mujer utilizó su vivienda para delinquir en dos oportunidades. En su resolución, calificó la situación como “perversa, nociva y altamente grave” y sostuvo que la acusada “no supo aprovechar la oportunidad de la sentencia previa y no aprendió la lección”.

En cuanto a la situación de los menores, la defensora oficial Virginia Jalid propuso que el hijo mayor quede a cargo de sus hermanos, con seguimiento de los organismos correspondientes. El juez aceptó la tutoría, con la condición de que el caso sea monitoreado por la Defensoría de Niñez.

Mientras avanza la causa, Medina permanecerá detenida en el penal provincial a la espera de una resolución definitiva.