En las comisiones legislativas de la Cámara Alta puntana ya está sobre la mesa un texto que apunta directo a uno de los reclamos más repetidos por los vecinos: la lentitud con la que se tramitan las órdenes de allanamiento cuando hay pruebas frescas de un robo.

El autor es el senador Adolfo Castro Luna (departamento Pedernera, bloque Cambia San Luis), quien ingresó la “Ley de Protección Inmediata”, un paquete de reformas al Código Procesal Penal que busca acortar drásticamente los tiempos entre la denuncia, la validación judicial y la irrupción policial en el lugar señalado.

Claves del proyecto

• Firma electrónica biométrica: los jueces podrían autorizar allanamientos a través de un sistema digital “seguro y auditable”, que deberán implementar en un plazo de 180 días.

• Pruebas tecnológicas: las imágenes de cámaras de seguridad o fotografías aportadas por damnificados y testigos se admitirán como elemento suficiente para pedir la medida urgente.

• Reconocimiento policial: un agente capacitado que identifique al sospechoso en esas imágenes habilitará la solicitud del allanamiento.

• Agravantes: se incorpora un nuevo artículo (160 bis) que endurece la pena y veda beneficios excarcelatorios a quienes cometan delitos “ocultando su identidad” con pasamontañas, gorras o capuchas.

“Muchas veces el vecino sabe dónde escondieron lo robado, entrega el video y, cuando llega la orden, el botín ya voló. La ley apunta a cortar esa ventana de impunidad”, explicó Castro Luna.

Qué cambia en el Código

El proyecto retoca el artículo 129 (allanamientos) para permitir el uso de la orden digital, y agrega la figura de urgencia con presencia obligatoria del fiscal. También modifica el artículo 160 para habilitar el reconocimiento por cámaras y crea el 160 bis con el agravante por ocultamiento de rostro.

Por qué se impulsa

El senador asegura que la iniciativa responde a “la creciente incidencia de hechos delictivos” y al “obstáculo” que representa la demora judicial para recuperar bienes. “El procedimiento actual puede tardar horas o días; el objetivo es que la Policía ingrese en minutos cuando haya pruebas objetivas”, remarcó.

Además de acelerar la respuesta, el texto busca “responsabilizar” a los delincuentes que se cubren la cara, una práctica cada vez más común en escruches y arrebatos.

Próximos pasos

El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación General y Seguridad. Castro Luna anticipó que convocará a representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Policía para “pulir detalles técnicos” y garantizar la validez constitucional de las órdenes digitales.

“Necesitamos un debate serio entre Legislatura y Justicia: la sociedad exige resultados y no podemos seguir perdiendo tiempo mientras los ladrones reducen lo robado”, subrayó el legislador.

Si la iniciativa avanza, San Luis se convertiría en una de las primeras provincias en habilitar allanamientos firmados con token biométrico y solicitados a partir de videos de celulares o cámaras de seguridad privadas, un recurso que vecinos y comerciantes ya utilizan a diario para denunciar delitos.