La conductora y su abogado declararon este lunes ante el fiscal Carlos Stornelli. Entregaron listados de personas, lugares y documentos. La investigación, que no apunta de momento a imputados concretos, quedó bajo secreto de sumario y será asignada por sorteo. Lizy Tagliani, aludida en los dichos de Canosa, negó los cargos al aire y adelantó acciones legales.

Viviana Canosa formalizó este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py la denuncia que días atrás lanzó en medios y redes sociales sobre la existencia de una presunta red de trata y explotación sexual de menores.

Acompañada por su abogado Juan Manuel Dragani, la periodista se presentó ante el fiscal federal Carlos Stornelli, a quien —según explicaron al salir del edificio— le entregaron “nombres, locaciones y documentación” vinculados a la supuesta organización.

“No acusamos a personas en particular; describimos hechos, lugares y contactos. Todo quedó incorporado bajo secreto de sumario”, precisó Dragani ante la prensa.

Qué se aportó

El letrado evitó detallar el contenido por la reserva dispuesta, pero confirmó que la presentación incluye:

• Listados de posibles testigos y damnificados.

• Domicilios donde —según la denunciante— se habrían concretado encuentros ilícitos.

• Material digital (mensajes, capturas y registros de llamadas) que, afirmó, “sustenta cada afirmación pública realizada”.

Dragani adelantó que “en las próximas horas” acercarán pruebas adicionales y que la causa “pasará a sorteo” para definir el juzgado que instruirá la investigación.

Réplica de Lizy Tagliani

Mientras Canosa declaraba, la humorista Lizy Tagliani —nombrada en los dichos de la conductora— dedicó los primeros minutos de su programa en Radio Pop a rechazar “de plano” cualquier vinculación con delitos de abuso o pedofilia.

“Nunca en mi vida toqué a un menor. Es mentira y voy a llegar hasta donde tenga que llegar para demostrarlo”, afirmó la conductora, quien anticipó que iniciará acciones legales por calumnias.

Próximos pasos

Fuentes judiciales indicaron que, una vez asignado el juzgado, se dispondrán las primeras medidas: análisis de la documentación, declaraciones testimoniales y cruces de información con fuerzas federales especializadas en trata de personas.
Stornelli podrá requerir allanamientos o inhibiciones de bienes si encuentra elementos que configuren delito federal.

Dragani insistió en que su clienta “no va a denunciar hechos de los que no tenga pruebas” y se mostró confiado en que “el llamado a indagatoria será rápido si la Justicia verifica los indicios presentados”.

Por el momento, no hay imputados ni detenciones. El expediente quedó caratulado, de forma provisoria, como “averiguación de delito de trata y corrupción de menores” y permanecerá bajo secreto de sumario para preservar la prueba y a los eventuales testigos.