Elio Edgardo Mendoza, quien este martes se presentó como “desocupado” y se encadenó en el ingreso a la Legislatura, ocupó hasta diciembre una jefatura en el Ministerio de Seguridad designado por decreto de Alberto Rodríguez Saá. Con la nueva gestión, el cargo político caducó; hoy exige que se lo restituyan.
El amanecer legislativo de este martes ofreció una escena que llamó la atención de empleados y transeúntes: un hombre encadenado a la baranda principal del Palacio de Calle Rivadavia, pancarta en mano, clamaba por un “trabajo digno”. Se trata de Elio Edgardo Mendoza, quien se presentó ante la prensa como ex beneficiario del Plan de Inclusión Social despedido por la actual administración.
Sin embargo, los registros oficiales cuentan otra historia: el 2 de octubre de 2023, apenas dos meses antes del cambio de gobierno, Mendoza fue nombrado jefe de Área de Coordinación Interior del Programa de Seguridad Comunitaria mediante el decreto N.º 8905, firmado por el entonces ministro Claudio Latini (hoy imputado por corrupción) y avalado por el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá.
Ese cargo —de naturaleza política y no de planta permanente— quedó sin efecto el 10 de diciembre, cuando asumió la gestión de Claudio Poggi y se produjo la habitual renovación de funcionarios. Mendoza, lejos de aceptar la lógica rotación, decidió reclamar su restitución con una protesta que incluyó cadenas, carteles y cobertura de un medio alineado con el viejo oficialismo.
“Entré por la puerta grande y salí por la misma, con antecedentes intachables”, declaró Mendoza, omitiendo su rango jerárquico y el carácter transitorio del puesto.
Un “desempleado” con decreto propio
Designación: Decreto 8905‑MS/23 (2‑10‑2023)
Cargo: Jefe de Área Coordinación Interior, Programa Seguridad Comunitaria
Dependencia: Ministerio de Seguridad (gestión Latini)
Duración efectiva: 68 días (hasta el 10‑12‑2023)
Fuentes de la cartera de Seguridad explicaron que la jefatura implicaba una remuneración equiparable a la de un director provincial y que la función cesó automáticamente con el cambio de autoridades, sin que mediara despido alguno.
La narrativa y la realidad
En su pancarta, Mendoza se definió como “trabajador del Plan de Inclusión Social” y denunció haber quedado “en la calle”. No hizo referencia a su nombramiento político ni al salario que percibió hasta diciembre.
El episodio generó críticas en redes sociales, donde usuarios calificaron la protesta como “montaje” y cuestionaron que se equipare la finalización de un cargo de confianza con un despido de planta.
La manifestación se produjo a pocos días de que la Legislatura trate el proyecto de ley de Modernización del Estado, que prevé transparentar designaciones y concursos. Desde el oficialismo ven la protesta como parte de una estrategia del rodriguezsaaísmo para desacreditar los recortes de “ñoquis” y cargos ad hoc que proliferaron en los últimos meses de la gestión anterior.
El juez de Faltas evaluará si la protesta incurrió en obstrucción del acceso a un edificio público. En paralelo, la Secretaría de la Función Pública revisará el legajo de Mendoza para constatar si, tras el cese, percibió alguna indemnización o beneficio incompatible con su condición de ex funcionario político.
