El ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó este domingo la autorización para que las Fuerzas Armadas detengan “transitoriamente” a civiles en casos de delitos de flagrancia. “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar”, desafió Petri en su cuenta oficial de X, invocando un marcado sesgo político.

La resolución, firmada a mediados de la semana pasada, expande la ya existente facultad de los militares para reforzar el control de fronteras, incorporando la posibilidad de arrestar a cualquier persona que cometa un delito en presencia del uniformado. Según el texto oficial, estas detenciones deben limitarse a “acciones de defensa propias o de terceros frente a agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o el cumplimiento del deber”.

No obstante, el decreto prohíbe expresamente el uso de armas contra vehículos o personas en fuga, aun cuando existan “sospechas fundadas de un acto ilícito”. El objetivo declarado es “restringir el uso de la fuerza al mínimo indispensable” y garantizar “la protección de los derechos humanos”.

Un cambio de rol que despierta recelos

Hasta ahora, la Constitución Nacional y la Ley de Defensa prohíben el empleo de militares en tareas de orden público. Las detenciones en flagrancia correspondían en exclusiva a las fuerzas civiles de seguridad y la Policía Federal. Para sus detractores, el nuevo régimen desdibuja esa barrera y pavimenta el camino hacia la “gendarmería urbana”. El diputado opositor Martín Duarte calificó la medida de “inconstitucional” y advirtió que “convertir a un soldado en policía de barrio pone en jaque las garantías de detención e imparcialidad”.

Por su parte, sectores vinculados al oficialismo coincidieron con Petri en que “la seguridad no admite enroscadas burocráticas”. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, se señaló que la experiencia de países limítrofes, así como el reciente anuncio de Estados Unidos para reforzar su frontera con México, sientan un precedente validado por la práctica internacional.

¿Realidad o propaganda?

En el análisis final, juristas y exjefes militares coinciden en que la aplicación práctica de la norma dependerá de los protocolos internos y del estricto control judicial de las detenciones. “Si no existe una reglamentación detallada y mecanismos de supervisión, el riesgo de abuso crece exponencialmente”, advirtió la constitucionalista Laura Blanco. La Cámara Federal de Casación, al no haber un recurso de inconstitucionalidad en trámite, evaluará caso por caso la legitimidad de cada aprehensión.

La polémica reflejó en pocas horas la fisura entre quienes ven en el Ejército un respaldo imprescindible contra la criminalidad y quienes temen que, bajo la excusa de la flagrancia, se abra una puerta a la militarización del orden interno. El debate legislativo que se avecina tendrá en la defensa de las libertades civiles y en la doctrina constitucional los ejes centrales de una discusión que promete prolongarse hasta el último día de vigencia del decreto.