Anulación de acuerdos y revisión de reconocimientos marca nueva política en Parques Nacionales.
El Gobierno actual liderado por Javier Milei tomó medidas drásticas para desarticular un controvertido plan impulsado por la administración anterior, que buscaba ceder tierras a grupos mapuches. La prioridad es recuperar los terrenos otorgados ilegalmente, anular los convenios firmados y revisar los reconocimientos concedidos a más de 200 comunidades indígenas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Esta decisión fue tomada tras revelaciones sobre la connivencia entre el gobierno de Alberto Fernández y agrupaciones mapuches, algunas de las cuales ocuparon ilegalmente tierras pertenecientes al Estado.
Uno de los casos emblemáticos es el de Villa Mascardi, donde un grupo de personas se instaló en predios pertenecientes a Parques Nacionales hasta el año 2022. La gestión anterior mostró un apoyo continuo a estas ocupaciones ilegales, incluso abandonando querellas judiciales contra los usurpadores. Este respaldo se manifestó también a través de la entrega de beneficios estatales, como tarjetas de planes sociales, a personas involucradas en las ocupaciones.
El gobierno de Milei puso bajo la lupa todos los acuerdos y convenios firmados durante la gestión anterior, incluyendo el polémico convenio con la fundación presidida por Franco García Dellavalle, cercano a Juan Grabois, que contemplaba la entrega de terrenos en la costa del lago Mascardi. Este pacto fue denunciado como un “obsequio a los amigos del poder” antes de ser rescindido.
Además, se reveló la interferencia del gobierno anterior en procesos judiciales, como el intento de seducir a un juez federal para poner en pausa expedientes relacionados con las ocupaciones ilegales. Se propuso incluso ceder tierras fiscales usurpadas a estos grupos, junto con la construcción de viviendas y otros beneficios, lo que evidencia un cambio de rol del gobierno de querellante a benefactor de los usurpadores.