Mientras Dinamarca aprueba la gradual suba hasta los 70 años para 2040, Argentina se enfrenta a un sistema previsional en crisis, con jubilaciones magras y un fuerte reclamo por la reforma laboral que facilite la incorporación de nuevos aportantes. El Gobierno ya anuncia cambios, pero la incertidumbre persiste.

En abril de 2024, Dinamarca dio un paso histórico al aprobar un plan que eleva la edad jubilatoria a los 70 años para quienes nacieron después del 31 de diciembre de 1970, aplicable en forma plena a partir de 2040. Actualmente, aquel país exige 67 años para acceder al retiro; en pocos años ese piso subirá a 68 en 2030 y a 69 en 2035. Con esta medida, los daneses buscan asegurar la viabilidad de su sistema previsional, golpeado por la mayor expectativa de vida y el envejecimiento poblacional.

En Argentina, donde el sistema de reparto —retomado en 2008 tras el desmantelamiento de las AFJP— se encuentra casi en quiebra, la discusión apenas comienza. El deterioro presupuestario, las jubilaciones mínimas que pierden poder adquisitivo mes a mes y la presión de millones de nuevos beneficiarios sin años suficientes de aportes desataron un pedido urgente de reforma. El presidente Javier Milei ya adelantó que no hay reforma previsional sin una previa reforma laboral que incentive la generación de empleo formal y aumente la base contributiva.

Europa pide más años de trabajo; Argentina asiste a protestas semanales

La decisión danesa reactivó el debate en toda la Unión Europea: gobiernos como el de Francia, Alemania o Italia analizan medidas similares para mantener a flote sus cajas de jubilaciones. Sin embargo, los aumentos al tope de edad chocaron ya con protestas masivas en París y Roma, donde sindicatos y ciudadanos advierten que la ampliación hasta los 70 años profundiza las inequidades laborales y golpea a los trabajadores de oficios más pesados.

En Argentina, las manifestaciones semanales en plazas y frente a instituciones públicas exigen haberes dignos. Los jubilados cobran sumas que, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), perdieron 25% de poder adquisitivo entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2024. Los beneficiarios de la mínima, a su vez, soportaron un 28% de caída real entre 2017 y 2025. Los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) muestran que en 2024 los jubilados de la mínima sufrieron una pérdida real adicional del 5,4%, a pesar del “refuerzo” de $70.000 mensuales, fijo e inalterable.

El “desmadre” del PAMI: decenas de miles sin aportes

A la crisis de ingresos se agrega el impacto de la “ola de jubilaciones sin aporte” que dejó el último gobierno. Millones de personas se retiraron sin haber sumado los 30 años de aportes que el sistema requiere, profundizando el déficit. El resultado: un agujero en caja que se traduce en emisión monetaria, inflación descontrolada —que erosiona aún más los haberes— y un fuerte desequilibrio fiscal.

Ante esta urgencia, Milei planteó que la reforma previsional llegará después de una reforma laboral. El sector empresario presiona para que se modifique la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), eliminando trabas a los acuerdos privados, flexibilizando horarios y modalidades de empleo, y convirtiendo las paritarias en un proceso no obligatorio de homologación estatal. Sólo así, según el Gobierno, se crearán incentivos para que las empresas amplíen la masa de aportantes y alivien la carga sobre los jubilados actuales.

¿Sistema mixto o ajustes a la vista?

Analistas como Jorge Colina (IDESA) recuerdan que la Acta de Mayo, suscripta en 2024 por casi todos los gobernadores, ya incluyó la reforma previsional entre sus compromisos. Allí se planteó la necesidad de revisar regímenes especiales, progresividad de beneficios y ajustes en la Pensión Unificada para Adultos Mayores (PUAM).

Laura Caullo, de Fundación Mediterránea, añade criterios concretos:

• Escalas progresivas en la PUAM según años de aporte.

• Eliminación de regímenes especiales (con beneficios adicionales).

• Revisión de pensiones duplicadas (cuando un mismo beneficiario cobra más de un haberes).

Al mismo tiempo, surgen voces que piden pasar del tradicional sistema de reparto a un esquema mixto, donde convivan cuentas individuales de capitalización con un piso solidario administrado por el Estado.

“La Argentina enfrenta un envejecimiento acelerado: hoy el 12,4% de la población supera los 65 años, cuando en 1991 ese porcentaje era apenas el 2%”, explica Jacqueline Maubré, de Criteria. Frente a la baja natalidad (1,4 hijos por mujer, muy lejos de los 2,1 que sostendrían el sistema), el modelo de reparto es insostenible. Maubré propone un “plan de ahorro compartido”, por el cual empleado y empleador destinen un porcentaje del salario a un fondo conjunto de inversión productiva. De ese modo, cada trabajador contaría con “una renta más segura a futuro” y las empresas podrían retener talento, frente a una estadística que indica que “el 60% de los empleados planea cambiar de trabajo en los próximos 12 meses”.

Deterioro del haber y futuro incierto

Mientras el debate se instala, los jubilados viven un descalabro cotidiano: la jubilación mínima, que incluye un bono fijo de $70.000, fue perdiendo valor mes a mes entre 2024 y 2025, sin ajustes proporcionales a la inflación. Para 2025, las proyecciones estiman que el poder adquisitivo recién podría deje de erosionarse si la inflación se mantiene por debajo del 30% anual, cifra todavía lejana a la realidad.

En paralelo, el crecimiento de la Población de Adultos Mayores (PAM) y la disminución de jóvenes aporta una presión adicional. Hoy más que nunca, un amplio sector de la sociedad exige respuestas urgentes y profundas: la Argentina debe decidir si sigue el ejemplo de Dinamarca —planteando retiros a los 70 años—, si opta por un esquema mixto o si reforma con rapidez su mercado laboral para garantizar la sustentabilidad del actual sistema de reparto.

El reloj corre: cualquier decisión, tarde o temprano, afectará el bolsillo de millones de argentinos, tanto activos como jubilados. Y, a diferencia de Europa, donde el debate ya se desató en las calles, en Argentina todavía quedan muchos miércoles de protestas por haberes insuficientes antes de que la reforma empiece a escribir el próximo capítulo.