Grassi cumplirá su condena por abuso sexual agravado hasta mayo de 2028

Ante una apelación de la querella, la Justicia determinó que no le corresponde la aplicación de la Ley del Dos por Uno. Iba a salir en agosto de 2026.


La Cámara de Garantías de Morón hizo lugar este martes a un planteo de la querella contra el sacerdote Julio César Grassi y extendió el término de su condena en casi dos años, hasta el 30 de mayo de 2028.

El tribunal acogió una apelación del abogado Juan Pablo Gallego, quien advirtió que el inicio del cumplimiento de la condena de Grassi fue en una fecha posterior a la consignada en el cómputo original de la pena y, por lo tanto, no le correspondía la aplicación de la Ley del Dos por Uno, ya derogada.

Esa ley establecía que después de los dos primeros años de prisión preventiva, mientras no hubiera condena, cada día posterior se computaría como doble.

Con ese cálculo, el plazo de la condena de 15 años de prisión para Grassi por "Abuso sexual agravado" hubiera vencido el 7 de agosto de 2026.

Grassi fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Morón el 10 de junio de 2009 a la pena de 15 años de prisión por los delitos de "Abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima".

La Cámara de Garantías aceptó el planteo por "mal cómputo y errónea aplicación de la Ley del Dos por Uno" y estableció el nuevo vencimiento de la pena.

"Se había aplicado la pena tomando en cuenta la fecha del 23 de octubre de 2002, cuando la Policía fue a buscar a Grassi y se profugó de un estudio de televisión. Luego, la defensa de Grassi presenta recursos, lapso durante la cual el sacerdote no tiene prisión preventiva, y recién se logra su detención en el año 2013, por lo que no rige el beneficio del llamado Dos por Uno", explicó Gallego, quien representa al Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn).

La medida es apelable por la defensa de Grassi en por lo menos dos instancias: la Cámara de Casación Bonaerense y la Suprema Corte de Justicia provincial.

Por tratarse de una sentencia definitiva, que además restringe la libertad del condenado por un plazo mayor al previsto inicialmente, la cuestión podría ser tratada también por la Corte Suprema nacional.

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