San Luis se ubica entre las provincias con más juicios laborales

La industria puntana y la administración pública son las actividades donde se inician la mayor cantidad de litigios. En lo que va del año se registraron 842 procesos en la Justicia. Las posiciones de los empresarios y el sector trabajador.


Uno de los recurrentes debates que se introduce en la agenda política económica argentina es la llamada “industria” de los juicios laborales. En San Luis, a lo largo de los últimos años, se presentó un escenario de crecimiento de este tipo de litigios.

De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), organismo del ministerio de Trabajo de la Nación, los juicios subieron un 28,5% si se compara la cantidad registrada durante el primer semestre del 2022 contra el mismo periodo, pero del 2019.

En el informe, que incluye a las empresas y casas particulares, se destaca que este año se presentaron 842 procesos iniciados en la primera parte del año en total.

La industria manufacturera aparece como principal “aportante” a la estadística (288), seguido por la administración pública, defensa y seguridad social (249) y el comercio y reparación de vehículos (75). En tanto que la construcción registró 57, la actividad agrícola-ganadera 46 y del servicio de transporte y almacenamiento con 24.

A la hora de discriminar el porqué de los litigios hay que resaltar que 489 son originados por accidentes de trabajo, 225 por enfermedad y 128 por accidente in itinere (ocurrido al trabajador durante el desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo o viceversa).

Hace tres años la cifra se ubicaba en 655 con casi los mismos rubros en la cabeza del ranking: industria con 277, administración pública, defensa y seguridad social con 159 y la construcción con 60.

Ahora ¿qué mide la SRT? Los estudios sólo contabilizan los siniestros y los juicios notificados a las ARTs, es decir, que sólo se toma en cuenta a los trabajadores formales. Es por ello que se omite del análisis a los informales.

Cuando el ojo se posiciona a nivel país, hay que subrayar que la provincia cuenta con uno de los mayores índices.

Con sus 842 juicios iniciados, se ubica en la 7ma posición detrás de Buenos Aires (14.546), Ciudad de Buenos Aires (6579), Mendoza (4428), Córdoba (3425), Santa Fe (3325) y Neuquén (936).

Las cifras volcadas por la SRT muestran que desde 2016 casi se triplicaron los juicios en San Luis:

|Primer semestre 2016 – 295.

| Primer semestre 2017 – 338.

| Primer semestre 2018 – 476.

| Primer semestre 2019 – 655.

| Primer semestre 2020 – 253.

| Primer semestre 2021 – 880.

| Primer semestre 2022 – 842.

En febrero de 2017, la gestión de Mauricio Macri impulsó una modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo, proyecto que el Congreso Nacional aprobó.

En síntesis, establecía que cada trabajador debía pasar por una Comisión Médica antes de iniciar un juicio por un accidente o una enfermedad, con el fin de restringir o limitar los litigios laborales y el pago de indemnizaciones.

Este mecanismo fue adoptado por muchas provincias (San Luis no lo hizo) y en la práctica significó una baja significativa de los reclamos por accidentes laborales.

Más allá de ello, muchos tribunales del trabajo consideraron que la norma es inconstitucional razón por la cual era necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableciera con claridad un criterio.

Es así que el 2 de septiembre de 2021, el Máximo Tribunal dictó el fallo “Pogonza” que estableció la constitucionalidad de la referida ley. Esa sentencia fue firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.

La renuncia de Highton hizo que la cuestión volviera a fojas cero, sobre todo porque las Cámaras del Trabajo siguen insistiendo con la inconstitucionalidad de la norma.

A raíz de estas posturas los expedientes llegan en forma masiva a la Corte Suprema, y se estima que en este momento hay más de doscientas causas. Sin embargo, el Tribunal no logra conseguir una mayoría para definir el tema y darle la certeza y seguridad jurídica necesarias.

La decisión se demora, y aún no se sabe qué sucederá siendo muy necesario ya que comprende de una gran trascendencia en el mundo laboral y es de gran impacto en el ámbito empresarial

“Debe haber una reforma seria”

El secretario de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis, José Picco puntualizó la importancia de “adecuar” las normas laborales a los tiempos que corren y ante el efecto que tienen sobre las Pymes.

En declaraciones, indicó que de 300 juicios que se puedan disputar en la provincia, solo 15 culminan con un fallo: “Llegan a tener una duración de hasta 10 años. Creemos que debe haber una seria reforma de la Ley de ART, porque llevan a las empresas a la quiebra, sobre todo a las más chicas”.

En esta misma línea ponderó la modificación llevada adelante durante la administración macrista aunque no se viera reflejado los resultados en territorio puntano.

“En Mendoza o Córdoba se bajó un 80% la cantidad de juicios, en esa instancia se llegaba a negociar y acordar. Se bajaron las alícuotas que le pagaba el sector empresarial a la ART en un 20%”, sostuvo.

Picco, por otro lado, priorizó que el próximo paso que se debe tomar sobre el tema es llamar a una convocatoria para modernizar la Ley, caso contrario “se afectarán las fuentes laborales”.

“No es la misma forma de trabajo de ahora, en comparación a la de hace 20 años. Se cambió la forma de trabajar, es más dinámica, las personas no se jubilan en las empresas que empezaron, rotan de lugar. Hay que sentarse con las empresas y gremios y ver cómo se ayornan a las nuevas tecnologías, al mundo. Mientras más lo dilatemos peor será. Hay que hacer algo, no podemos estar con leyes laborales de hace 40 años”, dijo.

La posición de los trabajadores

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Luis, Jorge Garro trazó un análisis del actual escenario desde el punto de vista de los trabajadores industriales.

En un contacto, aseguró que una de las principales razones por la que se inician los juicios laborales son por despidos sin causa y la consecuente demora en los pagos de las indemnizaciones, y los accidentes dentro de las empresas.

“De todos los juicios que se inician llegan a sentencia un 5%, el resto tiene que arreglar porque no resisten los largos plazos de la Justicia”, precisó.

Si bien señaló la existencia de una problemática en relación a la gran cantidad de juicios, aseguró que el sector de los trabajadores “no apoyará una modificación sustancial que afecte los derechos”.

“Los gremios estamos en alerta, no vamos a permitir de ninguna manera que se modifiquen las leyes. Desde el gobierno de Macri lo venimos advirtiendo. Creemos que hay que sentar un diálogo con todas las partes, pero sin entregar los derechos”, agregó.

Según Garro, uno de los desafíos que se deben resolver son los largos periodos desde que se inicia el juicio hasta la sentencia.

“Se deben abonar inmediatamente, en 60 días, no más. No puede ser que en medio de todo ello el trabajador pasa necesidad, no cobra salario, no encuentra trabajo, etc. Hay empresarios buenos, por su puesto, pero otros que no le importa la gente, te echan sin problema. Es la lamentable”, manifestó.

Juicios más caros

Un plenario de la Cámara Nacional del Trabajo estableció que las condenas en los juicios por despido y por accidentes laborales se apliquen métodos de actualización, una vez por año de demora en la Justicia, que superan incluso la inflación.

Lo hizo a través del Acta N° 2764 del 7 de septiembre. Se modificó radicalmente la forma de aplicación de tasas de interés que hasta ese momento se utilizaba en juicios laborales, tanto por accidentes como despidos, multas y demás créditos laborales.

Así, una demanda iniciada en 2015 sobre un reclamo de $100.000 ahora pasaría a pagar $3.023.000. Si esta cifra hubiera sido actualizada por evolución salarial (Ripte) o Inflación (IPC), el valor final estaría en torno a los $1.945.000.

Para la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la reciente modificación promueve aún más litigiosidad y es más gravosa. Puntualizaron que tiene aspectos poco claros y de escaso consenso.

“Los camaristas no lograron llegar a un acuerdo en esta ocasión, por lo que las empresas estarán a merced de qué Sala del Tribunal les toca en suerte en el sorteo de causas”, manifestaron en un comunicado.

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