Seguirán detenidos dos acusados por un crimen en el barrio Eva Perón

Los magistrados del Tribunal de Impugnación de la Segunda y Tercera Circunscripción, decidieron que Rodrigo Figueroa y Maximiliano Rozale sigan presos por el homicidio de José Acosta.


En una audiencia celebrada ante el Tribunal de Impugnación de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial, magistrados confirmaron en todas sus partes la resolución dictada previamente por el juez de Garantía Santiago Ortiz y determinaron que Rodrigo Figueroa y Maximiliano Rozale sigan presos por el homicidio de José Acosta, ocurrido en el Barrio Eva Perón I de Villa Mercedes el pasado 17 de abril.

En la audiencia de formulación de cargos, Figueroa y Rozale fueron procesados con cuatro meses de prisión preventiva como medida de coerción por el delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, la defensa de uno de los imputados, representada por la defensora oficial 2, Eliana Pradel, apeló la resolución argumentando que fue arbitraria y que careció de fundamentación legal.

Además, alegó que hubo interpretaciones erróneas de las normativas de fondos y procesales y que esto violó principios y garantías constitucionales de los acusados.

Pradel también objetó que no correspondía agravar la imputación según lo establecido en el artículo 41 bis del Código Penal Argentino, que dispone que cuando un delito se cometa con violencia o intimidación mediante el uso de un arma de fuego, la pena se elevará.

En el transcurso de la audiencia de revisión de la prisión preventiva, Valentín Rivadera, quien asumió la representación de uno de los imputados, también se unió al cuestionamiento de la defensa oficial y se manifestó en contra de la medida de coerción dictada por el juez de Garantía.

Finalmente, el Tribunal de Impugnación resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado por la defensa y confirmó la resolución de Ortiz. En consecuencia, mantuvieron los cargos formulados por el delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y ratificaron la medida de coerción, considerándola proporcional y razonable en relación al hecho investigado y las pruebas aún pendientes de producción.