Pequeña, volcánica y autoproclamada independiente en 2022, la isla de Annobón —formalmente parte de Guinea Ecuatorial— atraviesa una grave crisis humanitaria. Sus autoridades apelan a los lazos forjados cuando el territorio dependía del Virreinato del Río de la Plata y piden a la Argentina interceder ante organismos internacionales.

Una roca verde en el Atlántico
Annobón —“Año Bueno” en el portugués de los navegantes que la avistaron un 1 de enero de 1473— es una isla volcánica de 17 km² situada en el extremo sur del Golfo de Guinea. A 335 kilómetros de la costa gabonesa y 160 al suroeste de Bioko, constituye el territorio más meridional de habla hispana en África. Su capital, San Antonio de Palé, reúne cerca de cinco mil habitantes que alternan el annobonense, el español y el francés para comerciar con la vecina Santo Tomé.

Con un perfil abrupto, acantilados y el pico Quioveo (598 m), la isla alberga el lago Mazafín —un cráter colmatado— y cursos de agua dulce como el riachuelo Aguas Claras. Arrecifes emergentes y calas de arena dorada completan un paisaje tan bello como aislado.

Un viraje colonial que rozó Buenos Aires
Tras servir de escala al tráfico esclavista entre África y Brasil, Annobón pasó de manos portuguesas a españolas por el Tratado de El Pardo (1778). Esa cesión la vinculó brevemente al Virreinato del Río de la Plata (1778-1780): durante aquella reorganización de rutas atlánticas dependió administrativamente de Buenos Aires. Es el nexo histórico que hoy sus dirigentes invocan ante la Cancillería argentina.

En 1886 España sustituyó al gobierno local; en 1968, ya independizada Guinea Ecuatorial, la isla se integró como provincia. A partir de entonces quedó marcada por epidemias de cólera y sarampión (1973-74) y por la represión del régimen de Macías Nguema, que en 1976 deportó a la población masculina para trabajos forzados en Bioko.

Dictadura, basurero tóxico y secesión unilateral
Bajo la dictadura de Teodoro Obiang (desde 1979), Annobón fue objeto de contratos para recibir residuos tóxicos y nucleares. La marginación económica y sanitaria desembocó en un movimiento independentista. Tras varias asambleas populares, el 8 de julio de 2022 la isla se declaró Estado soberano. Ningún país la ha reconocido, pero sus autoridades –Pa Nando Palas Bahê (presidente) y Orlando Cartagena Lagar (primer ministro)– actúan como gobierno de facto.

Hace poco más de un mes Cartagena Lagar recorrió 7.556 kilómetros hasta Buenos Aires para solicitar apoyo. Hoy reiteran el pedido: “No buscamos anexión sino ayuda para que los organismos internacionales nos escuchen”, dijo Palas Bahê a Radio La Red, recordando el pasado común con el antiguo Virreinato.

Infraestructura mínima y urgencias máximas
La capital cuenta con un pequeño aeropuerto, embarcadero, centro médico, colegio, faro y una emisora de radio. Fuera de San Antonio, la isla carece de caminos pavimentados, agua corriente y red eléctrica estable. El suministro depende de combustibles importados cuyos precios se tornaron prohibitivos. Las quejas se multiplican: escasez de medicamentos, escuelas deterioradas y un 80 % de la población bajo la línea de pobreza, según ONG locales.

¿Qué busca Annobón de la Argentina?
Las autoridades annobonesas pretenden que Buenos Aires actúe como “país padrino” ante Naciones Unidas y la Unión Africana para impulsar:

• Reconocimiento de la crisis humanitaria y envío de ayuda.

• Observadores que verifiquen denuncias de violaciones a los derechos humanos.

• Un diálogo mediado con Guinea Ecuatorial sobre el estatuto político de la isla.

Fuentes diplomáticas argentinas admiten el carácter “inusual” del pedido y señalan que cualquier gestión requeriría coordinar con Madrid —antigua potencia colonial— y con Malabo, que considera la secesión “ilegal”.

Un enclave minúsculo, un reclamo mayúsculo
Mientras Annobón insiste en sus vínculos históricos con el Río de la Plata, la cancillería argentina evalúa si puede y quiere asumir un rol en un conflicto que cruza historia colonial, dictadura y derecho internacional. Para los cinco mil isleños, sin embargo, la urgencia es más simple: necesitan agua potable, medicinas y la oportunidad de ser oídos tras décadas de silencio.