La Justicia busca recuperar el dinero desviado en la causa Vialidad, con base en peritajes oficiales.

El juez federal Jorge Gorini presentó ante la Corte Suprema un pedido formal para ejecutar el decomiso de bienes a Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho condenados por la causa Vialidad. El monto base estimado por el daño al Estado asciende a $86.000 millones, aunque se aclaró que deberá ser actualizado a valores presentes antes de avanzar con las ejecuciones.

La cifra surge de los informes periciales realizados durante el juicio oral y corresponde al perjuicio económico por una maniobra sistemática de corrupción en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. En ese período, el 86% de los contratos financiados por el Estado nacional fue otorgado al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, en procesos marcados por direccionamiento, licitaciones simuladas, pagos irregulares y falta de controles.

Hace semanas, la Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión para la ex presidenta, fallo emitido en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2. Además de Cristina Kirchner y Báez, el decomiso también involucra al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex director de Vialidad Nelson Periotti, y a otros cinco implicados.

El TOF calificó los hechos como “una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas” y ordenó como medida complementaria la restitución del dinero malversado a través del decomiso.

La base de $86.000 millones se determinó mediante peritajes contables sobre cinco obras testigo, entre ellas varias en la Ruta Nacional 3, donde se detectaron sobrecostos y prácticas de colusión empresarial. A esa cifra se agregaron estimaciones de desvíos generalizados sobre el total de obras licitadas por Vialidad Nacional en Santa Cruz.

El equipo contable de la Corte ahora deberá actualizar ese monto a valores actuales antes de que Gorini intime a los condenados a pagar. Si no cumplen dentro del plazo de diez días hábiles, la Justicia procederá a ejecutar bienes registrados a su nombre.

Como parte del proceso, el fiscal Diego Luciani presentó un extenso informe de 40 páginas con el detalle de propiedades, empresas y activos que podrían ser alcanzados por la medida. Según fuentes judiciales, el objetivo es que los responsables respondan con su patrimonio personal al daño generado al erario público.

El caso Vialidad ya generó un antecedente jurídico clave. Pero con este paso, el proceso busca cerrar el círculo judicial con impacto patrimonial y fijar una línea de acción ejemplar en la historia de la lucha contra la corrupción en la Argentina.