La medida quita al Estado del control de precios y oferta para “agilizar” el sector, según el Decreto 446/2025.

El Gobierno nacional publicó hoy el Decreto 446/2025 en el Boletín Oficial y modificó de raíz el marco regulatorio del gas licuado de petróleo (GLP). A partir de ahora, la Secretaría de Energía conservará solo la fiscalización de la seguridad y dejará de intervenir en los precios, la oferta y la demanda del gas envasado.

Qué cambia con el nuevo decreto

• Fin de la autorización previa: instalar o ampliar plantas fraccionadoras ya no requerirá visto bueno de Energía; bastará con presentar la documentación y, si no hay objeciones en 10 días, el trámite quedará aprobado por silencio administrativo.

• Envases sin marca exclusiva: los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor o importar sin restricciones de marca; se crea, además, un parque de envases de uso común para asegurar disponibilidad.

• Importaciones y exportaciones: se libera la importación de GLP; las exportaciones seguirán habilitadas siempre que se garantice el abastecimiento interno.

Argumentos oficiales

El Ejecutivo sostuvo que el marco anterior generaba “sobrerregulación y sobrecostos” que se trasladaban al consumidor. Con la liberalización, asegura que:

• El mercado asignará los recursos con mayor eficiencia.

• El sector privado podrá expandir producción, fraccionamiento y comercialización.

• Se diversificará la oferta y se reducirán los precios finales.

Reacciones y contexto

• Para los distribuidores, la norma elimina trabas históricas y simplifica la operatoria.

• Organizaciones de usuarios y sectores sociales temen que la desregulación derive en subas de precios en garrafas, un insumo esencial para hogares de bajos ingresos.

• Especialistas energéticos advierten que el Estado deberá reforzar la inspección de seguridad ante el mayor movimiento de envases y la libre importación.

La disposición se enmarca en la ola de decretos que el gobierno de Javier Milei impulsa para desregular sectores estratégicos y reducir la intervención estatal, bajo la premisa de que “el mercado competitivo es el mecanismo más eficiente para asignar recursos”.