La nueva legislación establece protocolos para la gestión y traspaso seguro de documentos y redes sociales oficiales del Estado de San Luis.
El Senado de San Luis aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca regular la administración, protección y traspaso de los activos digitales gubernamentales. Esta legislación abarca desde documentos oficiales hasta cuentas institucionales en redes sociales, estableciendo un marco legal para el uso y resguardo de los recursos digitales del Estado.
Presentado por el senador Adolfo Castro Luna de Cambia San Luis, el proyecto nace de una colaboración con la Secretaría de Comunicación y la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe). En sus declaraciones, Castro Luna destacó la importancia de regular los activos digitales, señalando que, hasta el momento, existía una falta de legislación que asegurara su manejo y protección. “Los activos digitales no son propiedad personal de nadie; son patrimonio del Estado provincial”, afirmó el legislador.
La ley también aborda el problema de la pérdida de cuentas oficiales en redes sociales que ocurrió durante el cambio de gestión en diciembre de 2023. “Al asumir la nueva gestión, se encontraron con la desaparición de cuentas oficiales en plataformas como Instagram y Facebook, que habían sido gestionadas de manera informal, a tal punto que algunos funcionarios salientes las apropiaron”, explicó Castro Luna. Este vacío legal, añadió, creó una vulnerabilidad en la seguridad de la información pública, afectando tanto la transparencia como la calidad institucional.
El proyecto establece la creación de un Repositorio Único de Activos Digitales Gubernamentales y define las acciones y usos permitidos para las cuentas oficiales, prohibiendo la difusión de información personal de funcionarios y contenidos partidarios en redes sociales. Además, obliga a los funcionarios responsables de estas cuentas a registrarse ante la autoridad de aplicación, garantizando así un manejo transparente y ordenado.
El traspaso de activos digitales deberá realizarse durante el periodo comprendido entre la proclamación de autoridades electas y su asunción, con un inventario detallado presentado al menos 10 días hábiles antes del cambio de gestión. Las infracciones graves, como el acceso indebido o la apropiación de cuentas, estarán sujetas a sanciones administrativas y responsabilidades civiles o penales.
El proyecto, que ahora pasará a la Cámara de Diputados, marca un avance significativo en la legislación digital de San Luis, y pone de manifiesto la creciente necesidad de adaptar las normativas a la realidad de un Estado cada vez más digitalizado.
