La derogación de la resolución que obligaba a contratar mujeres en directorios despierta polémica en Argentina.

La Inspección General de Justicia (IGJ) revocó la resolución general 34/2020, conocida como el “cupo femenino”, que imponía a las empresas la obligación de incluir una representación equitativa de género en sus órganos de administración y fiscalización. Esta medida, instaurada durante la gestión del gobierno anterior, buscaba fomentar la diversidad de género en las altas esferas empresariales, pero ha sido objeto de controversia y litigios.

La nueva resolución, la general 13/2024, argumenta que la norma anterior fue anulada debido a fallos judiciales que la declararon inválida. Esto eliminado la obligatoriedad del cumplimiento del “cupo femenino”, generando un intenso debate en las redes sociales y la sociedad en general.

Por un lado, hay quienes defienden que la contratación debe basarse en el mérito y las capacidades individuales, sin considerar el género. Por otro lado, algunos critican esta derogación, argumentando que la igualdad de género en los directorios es crucial para una representación equitativa y para abordar la brecha de género en el ámbito empresarial.