Un fiscal expone niveles de coerción para acceder a beneficios sociales y alimentos en Argentina.

En un reciente desarrollo judicial en Argentina, se expuso una compleja red de extorsión perpetrada por grupos piqueteros que operaban a distintos niveles dentro de la estructura social. La investigación, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, ha revelado un sistema jerárquico de cinco niveles, donde los líderes y delegados piqueteros cobraban significativamente más que los beneficiarios comunes. Este esquema coercitivo implicaba el cobro de “cápitas”, multas y la manipulación de la distribución de alimentos y planes sociales del Estado.

La investigación se inició tras el establecimiento de una línea telefónica para denunciar extorsiones por parte de piqueteros para forzar la asistencia a manifestaciones, particularmente evidente antes de una gran marcha contra Javier Milei. Más de trece mil llamadas fueron registradas, resultando en la transformación de 924 denuncias formales. Aunque los casos denunciados se concentraron principalmente en Buenos Aires, la trama involucra a un amplio grupo de personas.

La investigación reveló que los líderes piqueteros no solo exigían la asistencia a manifestaciones, sino que también obligaban a los beneficiarios de programas sociales a vender alimentos proporcionados por el Estado, apropiándose de las ganancias, y participar en actividades políticas bajo amenazas de perder sus beneficios. Aquellos que no cumplían con estas demandas enfrentaban sanciones, incluidas multas económicas y la denegación de alimentos.