Los fiscales consideraron que no hay razones humanitarias para conceder el beneficio.

El fiscal Diego Luciani, junto a su par Sergio Mola, pidió este martes al Tribunal Oral Federal N°2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad por administración fraudulenta.

El dictamen, al que accedió Noticias Argentinas, no es vinculante, pero deja al tribunal en condiciones de resolver. Los fiscales fueron tajantes: “No se advierten razones humanitarias que justifiquen una medida excepcional como la detención domiciliaria”, escribieron.

La ex presidenta, de 72 años, argumentó su solicitud en la edad, su rol institucional y el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal descartó esos fundamentos:

“La privación de libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad personal de Fernández”, señalaron.

En base al informe socioambiental del 12 de junio, se consignó que Cristina Kirchner se encuentra en buen estado de salud general y no presenta condiciones médicas que justifiquen una detención domiciliaria.

“No se configuran razones de salud, ni personales, ni vinculadas a la edad, que permitan inferir un trato indigno en contexto de encierro”, ampliaron Luciani y Mola, quienes citaron antecedentes como el del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, a quien también se le denegó el beneficio pese a superar los 70 años y estar en prisión por la tragedia de Once.

En caso de que el tribunal resuelva favorablemente el pedido, los fiscales solicitaron como condición obligatoria el uso de tobillera electrónica.

Sobre los argumentos vinculados a la seguridad de la ex mandataria, el Ministerio de Seguridad informó que existen condiciones para garantizar su integridad dentro del sistema penitenciario.

El pedido de prisión domiciliaria había sido presentado por la defensa semanas atrás, en medio de la escalada judicial tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema. El Tribunal Oral Federal N°2 —integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— deberá ahora tomar una decisión de alto impacto político y judicial.

La resolución, cualquiera sea su rumbo, marcará un nuevo capítulo en el expediente más simbólico del lawfare argentino y pondrá en tensión la relación entre la justicia federal y el kirchnerismo.