Dictamen judicial ordena a la empresa de medicina prepaga afiliar sin cobros adicionales a una mujer trans.
En un dictamen judicial histórico, la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°6 determinó que la empresa de medicina prepaga OSDE actuó de manera arbitraria e injustificada al considerar la identidad de género de una mujer trans como una enfermedad preexistente. La demandante había sido desafiliada tras solicitar autorización para una cirugía de cambio de sexo, recibiendo además la amenaza de un cobro adicional de 160 mil pesos mensuales. El fiscal a cargo, Miguel Ángel Gilligan, dictaminó a favor de una acción de amparo presentada por la mujer trans, ordenando la reafiliación sin cargos adicionales y denunciando el acto como discriminatorio.
La demandante, cuyo nombre ha sido protegido, había completado una declaración jurada al momento de su afiliación en la que no mencionó enfermedades preexistentes, ya que es una persona sana. Sin embargo, tras solicitar la cirugía de cambio de sexo, OSDE le imputó reticencia y ocultamiento de su situación de salud, exigiendo el pago de un importe diferencial por considerar su identidad de género como una enfermedad preexistente. La mujer trans argumentó que su declaración fue honesta y de buena fe, y que la consideración de su identidad como una enfermedad violaba la ley de identidad de género y constituía discriminación.
El dictamen destaca que la Ley 26.743 reconoce el derecho a la identidad de género y establece la rectificación del sexo asignado sin requerir autorización judicial o administrativa. Además, el fiscal señala que la intervención quirúrgica para adecuar el cuerpo está contemplada en la ley y debe ser garantizada por el sistema de salud. El caso refuerza el compromiso con los derechos humanos de grupos históricamente vulnerables y tiene implicaciones legales, contractuales, económicas y éticas.
La abogada Natalia Echegoyemberry, vicepresidenta de Xumek, destaca que este dictamen es ejemplar y refleja un problema más amplio de patologización de la identidad de género por parte de las empresas de medicina prepaga. Señala que muchos casos similares se resuelven en instancias prejudiciales, lo que implica un costo monetario, emocional y de tiempo para las personas trans. Echegoyemberry enfatiza que la discriminación es una forma de violencia y que el colectivo trans enfrenta violencia institucional y discriminación, lo que reduce su expectativa de vida. Si bien este dictamen supone un avance, también resalta la necesidad de facilitar el ejercicio de derechos fundamentales sin recurrir a la judicialización.