La semana próxima los gobernadores se encontrarán en el Consejo Federal de Inversiones para discutir la merma de ingresos automáticos y el freno de la obra pública. El derrumbe recaudatorio complica la caja de todas las provincias y agudiza la puja con el Gobierno nacional.
Los mandatarios provinciales volverán a verse las caras la semana que viene en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El motivo: la caída de la recaudación nacional que, según un informe del propio organismo, rondará el 4 % interanual en 2025 y se traducirá en menos fondos de coparticipación para las arcas locales. A ese golpe se le añade el recorte de las transferencias directas previsto por ley, un combo que los gobernadores califican de “insoportable” para tesoros ya exhaustos.
El encuentro se definió tras la reunión en Paraná, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que las provincias eliminen Ingresos Brutos y lo “compensen” con más recaudación de IVA. Los mandatarios devolvieron la presión exigiendo la quita del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) —que, por ley, financia el mantenimiento de rutas nacionales—, pero el Gobierno se mantiene firme en su negativa a reactivar la obra pública.
La situación de las rutas será otro punto central de la agenda del CFI: varios gobernadores advierten que el deterioro del pavimento y la falta de señalización comprometen la seguridad vial. Para algunos mandatarios, dejar el ICL sin destino específico mientras se paralizan las obras equivale a “cobrar peaje sin levantar la barrera”.
Un mapa de adhesiones y recelos
En paralelo, la Casa Rosada aceleró esta semana la diplomacia virtual para persuadir a los gobernadores de adherir al Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el esquema con el que Javier Milei aspira a blanquear los dólares “del colchón”. Dos tandas de videollamadas reflejaron el nuevo mapa político:
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Primer grupo: Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
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Segundo grupo: Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Quedaron al margen —por ahora— Axel Kicillof (Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Jorge Macri (CABA). Algunos de ellos evalúan sumarse en encuentros presenciales para no perder margen de negociación.
Caputo y las promesas incumplidas
Durante 2023, Caputo había pronosticado a los gobernadores que la mejora llegaría en 2025 gracias al “rebote” de la economía y a un incremento en la recaudación nacional. A medio año del nuevo ejercicio, ninguno de esos brotes asoma: la recaudación real se achica, la actividad no despega y las provincias temen un segundo semestre con números en rojo.
La coparticipación federal —principal ingreso para la mayoría de las tesorerías subnacionales— cayó incluso por debajo de lo esperado. La retracción acelera los reclamos de financiamiento y aumenta la presión política sobre un Gobierno que necesita el respaldo legislativo de las provincias para aprobar su agenda económica.
En el CFI, los mandatarios buscarán una posición común antes de la próxima ronda de negociaciones con la Nación. Sin un acuerdo de emergencia, la advertencia es clara: las provincias tendrán que elegir entre recortar gastos esenciales o subir impuestos locales. Y ninguno de los dos caminos resulta políticamente amigable en un año que ya muestra la cuerda demasiado tensa.