Ocho integrantes de la banda firmaron un juicio abreviado. El líder operaba desde la cárcel con total impunidad.

Una de las redes narco más complejas de los últimos años en San Luis quedó expuesta esta semana en el Tribunal Oral Federal, donde ocho de sus integrantes admitieron su participación en una organización criminal liderada desde el penal provincial. El fiscal Federal Cristian Rachid solicitó penas de hasta 12 años de cárcel para los implicados, además de millonarias multas y el decomiso de bienes.

Rafael Dante Churquina, jefe de la banda, manejaba las operaciones desde su celda con total impunidad, gracias a la colaboración de agentes penitenciarios que permitieron el ingreso de visitas sin registrar, el uso de teléfonos y hasta el armado de una “oficina narco” dentro del penal.

El operativo que reveló la trama

El 31 de agosto de 2023, Marcelo Leyes fue interceptado por la PSA en Jujuy con 5,2 kilos de cocaína ocultos en un morral. Venía de Bolivia, a donde había cruzado a pie desde La Quiaca para cerrar una operación financiada por Churquina desde la cárcel. La droga iba a ser fraccionada y comercializada en San Luis. La entrega del dinero –unos 12.500 dólares– fue ejecutada por Milagros Simioli Inzirillo, quien lo había recibido de Lorena Ramallo en Villa Mercedes.

La investigación se disparó desde escuchas telefónicas, seguimientos, y el trabajo de campo de la PSA, que detectó una estructura piramidal, con roles definidos, comunicaciones coordinadas y logística transfronteriza. Las pruebas también incluyeron pericias químicas, registros contables, bienes adquiridos con fondos ilícitos y el testimonio del propio Churquina, que aceptó los hechos en 2023 como parte de un acuerdo.

Lavado de dinero y una financiera trucha

La segunda parte del caso reveló el mecanismo de lavado: una red de compraventa de autos, motos, electrodomésticos y préstamos en efectivo a través de una pseudo-financiera en la esquina de Presidente Perón y Remedios de Escalada. Allí se secuestraron 25 motos sin patentar, seis bicicletas nuevas, electrodomésticos, documentos contables y nueve vehículos de gama media y alta.

Según la acusación, Churquina era el cerebro de las operaciones. Valdez y Martiranía manejaban el dinero físico y realizaban los traslados; Ramallo administraba fondos y formalizaba operaciones; y Simioli Inzirillo colaboraba en todo el circuito. Algunos bienes estarían a nombre del hermano del líder, Marcelo Churquina, quien no fue imputado pero figura como testaferro en los papeles.

Corrupción penitenciaria: sobornos y privilegios

El tercer eje del caso es el más escandaloso: el pago de coimas a dos agentes penitenciarios, Jorge Orozco y Mario Ojeda, para garantizar que la banda funcionara desde adentro. Las escuchas revelan pagos en dólares, visitas sin registrar, entrega de teléfonos y acceso irrestricto a una celda que funcionaba como oficina narco.

Uno de los audios registra una entrega de 6 mil dólares a Orozco. Otro seguimiento determinó que ambos funcionarios usaban vehículos adquiridos por la organización, como una Ford Ranger y un Ford Focus.

Durante los allanamientos se verificó que las visitas de varios miembros de la banda no figuraban en los registros oficiales del penal, una irregularidad que apunta a una complicidad institucional.

“Me equivoqué de rubro”, dijo el jefe

Durante la audiencia, Churquina reconoció los delitos, aunque buscó desligar a sus parejas y madres de sus hijos, Ramallo y Valdez. “Me equivoqué de rubro”, dijo ante el juez Alberto Carelli. “Vine a San Luis a cambiar de vida, pero terminé liderando esta organización. Dentro del penal me trataron de violín, me quebraron psicológicamente. Siempre fui comerciante”, afirmó.

Más tarde, y tras un cuarto intermedio, admitió haber pagado a los agentes penitenciarios, luego de que el juez le señalara contradicciones en su relato.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

Los únicos dos acusados que no firmaron el juicio abreviado, Daniel Hedel Becher y Efraín David Cortez, enfrentarán un debate oral el próximo 28 de julio.