El excoordinador de SerBA está acusado de apropiarse de materiales de construcción y baldosones valuados en $2 millones. La Fiscalía también solicitó su inhabilitación absoluta de por vida para ocupar cargos públicos.
El fiscal de Instrucción N°3, Esteban Roche, requirió cinco años de prisión y la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos contra Víctor Coria, excoordinador General de Administración de Redes de Agua y Cloacas (SerBA) durante la gestión del intendente Sergio Tamayo. Se lo acusa del delito de peculado, luego de que se comprobara el supuesto robo de dos palets de baldosones y otros materiales de construcción pertenecientes a la Municipalidad de San Luis.
El primer procesado por corrupción en la gestión Tamayo
Coria se convirtió en el primer funcionario del ex intendente en quedar imputado por un caso de corrupción, a raíz de hechos ocurridos en noviembre de 2023. Según la querella, representada por el abogado Cristóbal Ibáñez, Coria “llegó a la dependencia municipal y obligó a trabajadores a cargar dos palets con materiales de construcción y baldosones” que posteriormente fueron trasladados en un vehículo particular a su casa. El monto de lo sustraído rondaría los 2 millones de pesos.
La evidencia y el pedido de juicio
Tras meses de investigación, la Fiscalía sostuvo que el excoordinador se apropió de los bienes abusando de su posición jerárquica. Se apoyan en videos, grabaciones, chats y testimonios de compañeros de trabajo que confirman la maniobra. “Él era el jefe, ¿quién le podía decir algo?”, resumió Ibáñez.
El fiscal Roche concluyó que existe suficiente evidencia para elevar la causa a juicio oral, solicitando así la pena de 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de funciones públicas, considerada la máxima sanción para casos de peculado.
Coria no declaró
En dos oportunidades, Coria optó por no prestar declaración. “En este caso, la prueba es contundente. Quedó documentado por las cámaras de seguridad y los testimonios de trabajadores. Es difícil justificar lo ocurrido”, afirmó Ibáñez, quien insistió en que este proceso “no solo dañó al municipio sino también a la confianza de los ciudadanos en sus autoridades”.
Próximos pasos
Tras el cierre de la etapa investigativa, será la jueza de Garantía, Agustina Dopazo Samper, quien deba fijar la audiencia de control de pruebas. Allí se definirá la admisibilidad de todos los elementos recolectados para luego, eventualmente, proceder con el juicio oral.
Mientras tanto, desde la Municipalidad de San Luis se emitieron expresiones de satisfacción por el avance de la causa: consideran que “cualquier acto de corrupción necesita una sanción ejemplar”.
De confirmarse la pena solicitada, Coria se enfrentaría a un escenario sin precedentes en la gestión Tamayo, que presumía hasta ahora la ausencia de funcionarios procesados por delitos de esta naturaleza. El caso, además, podría servir de precedente para eventuales investigaciones en áreas donde los controles internos resulten deficientes.
