Otro golpe de la administración provincial. Porque cuando la economía ya no da más, ¿qué mejor que darle un mazazo más al bolsillo de la gente? La Cámara de Diputados de San Luis acaba de darle media sanción a la Ley Impositiva Anual 2025, un proyecto que parece sacado del manual del despropósito fiscal. ¿El resultado? Subas de hasta un 300% en algunos tributos. Sí, leyó bien. Y en un contexto donde la palabra “ajuste” suena a sentencia de muerte para las pequeñas y medianas empresas, el poggismo no tuvo reparos en aprobar una iniciativa que apuñala, una vez más, al sector productivo y a los contribuyentes en general.
Con 24 votos afirmativos y 14 negativos, el bloque oficialista avaló un proyecto que, en palabras del diputado del PJ Joaquín Beltrán, “se desconecta de las necesidades reales de los puntanos”. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Beltrán lo deja en claro: el incremento en algunos ítems supera el 300%, lo que representa una carga fiscal demencial. Como si el costo de vida ya no estuviera por las nubes, el certificado de buena conducta, indispensable para la búsqueda de empleo, va a trepar un 1.500%. Los cargos por el uso de los acueductos de San Luis Agua –clave para la producción local– tendrán un alza del 145%. Y eso no es todo. Multas, aranceles inmobiliarios, patentes, ingresos brutos y sellos también experimentarán subas de entre el 100% y el 200%.
“O comen o pagan impuestos”
Claudia Pinelli, también del PJ, no dudó en calificar a esta Ley Impositiva como un “aumento desmedido”. “Lo que el poggismo propone no es viable para una provincia que ya viene deteriorada. Acá no hay equidad, hay recaudación pura y dura”, lanzó en su intervención. En términos simples: el bolsillo del contribuyente no soporta más. Federico Berardo fue más allá: “Para que el contribuyente cumpla, tiene que tener plata”. Algo que el oficialismo parece ignorar deliberadamente. Porque con un mercado laboral que no levanta cabeza y con salarios cada vez más rezagados, ¿cómo se supone que la gente va a pagar estos impuestos?
La diputada Silvia Sosa Araujo subió la apuesta: “O comen o pagan impuestos”. Una frase que sintetiza el impacto real de esta ley: un tributo tan asfixiante que obliga a elegir entre la supervivencia o el cumplimiento fiscal. Y si algo le faltaba al combo de incrementos, las tasas administrativas también duplicarán su valor. Entonces, ¿cuál es la estrategia del oficialismo? Porque si la meta es generar una recaudación récord, lo que se va a conseguir es una morosidad récord.
Un retroceso monumental para San Luis
Lo que se vivió este miércoles en la Cámara de Diputados no fue una simple sesión legislativa. Fue un paso atrás monumental para la economía de San Luis. Un proyecto que no toma en cuenta el deterioro del poder adquisitivo ni la capacidad de pago de los contribuyentes. Un ajuste que viene a golpear donde más duele, a los pequeños productores y a las pymes, que ven cómo los tributos se transforman en una pared cada vez más alta y difícil de escalar.
Con cada aumento, con cada recargo, lo que se hace es socavar aún más la ya frágil economía provincial. El mensaje que manda esta Ley Impositiva es claro: quien no pueda cumplir con las exigencias, se queda fuera del sistema. ¿Es esto lo que necesita San Luis en este momento? La respuesta es un rotundo no.
Porque mientras el oficialismo sigue atado a una lógica de recaudación a toda costa, el costo real lo pagan los puntanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la economía provincial reviente.