Los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone exponen una maniobra “sistemática y organizada” para obtener inmuebles de manera ilegal. Según afirman, el grupo habría falsificado documentos, testigos y sellos, y contaría con la protección de vínculos estrechos en la Justicia, donde destacan los lazos con la ministra del Superior Tribunal, Cecilia Chada, y la presidenta de la Cámara Civil de Villa Mercedes, Nazarena Chada.

Dos años después de haber presentado una denuncia formal por una supuesta asociación ilícita dedicada a usurpar inmuebles en San Luis, los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone aseguran que no se ha avanzado en la investigación. De acuerdo con su testimonio, existe un entramado de falsificación de documentos, declaraciones de testigos y escrituras que involucra a miembros o allegados del Poder Judicial, y que les otorga un manto de impunidad.

Una “asociación” para apropiarse de bienes

El eje de la denuncia es la existencia de un grupo que elige propiedades cuyos titulares han fallecido, viven fuera de la provincia o se encuentran en situación de quebranto empresarial. A partir de ahí, con documentación falsificada, testigos rotativos y direcciones “fantasma”, lograrían obtener sentencias civiles que les reconocen la titularidad de esos bienes. Una vez con la escritura “limpia”, podrían vender, hipotecar o disponer del inmueble.

“Se trata de un modo de ‘lavar’ escrituras usando el servicio de justicia, con expedientes civiles donde juzgados y secretarías habrían mirado para otro lado”, sostiene Maximiliano Pipitone.

De acuerdo con los denunciantes, hay al menos 25 casos plenamente identificados, pero la cifra podría superar los mil si se suman todos los juicios en los que aparecen los mismos nombres —entre ellos, Hugo Guzmán, Sergio Correas y Javier Ochoa— intercambiando roles de actor y testigo.

Vínculos con la Corte y con organismos oficiales

Uno de los puntos más controvertidos apunta a la relación entre el abogado Juan Cruz Domínguez —cuñado de la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Chada, y marido de la presidenta de la Cámara Civil de Villa Mercedes, Nazarena Chada— y las demandas que han posibilitado estas presuntas usurpaciones. Según los Pipitone, Domínguez sería el nexo fundamental en el armado de los litigios.

“Tienen información privilegiada de la Municipalidad, Fiscalía de Estado y otros organismos. Seleccionan propiedades cuyos dueños fallecieron o están ausentes; luego falsifican documentos para que la Justicia les conceda la titularidad”, explica Sebastián Pipitone.

Domicilios inexistentes y documentación apócrifa

Los abogados señalan como “burdas” las maniobras de falsificación: recibos con la misma tipografía pero DNI distintos, escrituras con datos geográficos anacrónicos, y demandas donde se notifica a la contraparte en domicilios ‘fantasma’. De esa forma, el demandado no se entera del proceso y la causa se resuelve sin oposición.

Un ejemplo de ello es el caso de una propiedad en la que la geolocalización remitía a un espacio trasero de un inmueble perteneciente a un miembro del Superior Tribunal. “Si mando la notificación a un domicilio inexistente, me aseguro de que la persona no conteste”, sintetiza Maximiliano Pipitone.

Una trama que atraviesa todos los poderes

Los denunciantes hablan de “un Estado dentro del Estado”, afirmando que la red involucra a la Municipalidad, Fiscalía de Estado, el Poder Judicial y hasta la Policía. Aseguran haber detectado adulteraciones de protocolos de escribanías (incluso de una profesional fallecida), suplantaciones de sellos y firmas, y gestiones ante Juzgados Civiles que, según dicen, nunca fueron denunciadas ni se revisaron de oficio.

A pesar de contar con un cúmulo de pruebas y haber formalizado la denuncia ante la Fiscalía de Instrucción N°1, a cargo de Francisco Assat Alí, la causa no avanza. Para los Pipitone, esto se debe a los estrechos lazos que el grupo mantiene con actores relevantes del Poder Judicial.

“Cada vez que el fiscal intenta moverse, aparece un recurso o una maniobra para bloquear la investigación. Y si la causa se archiva, los responsables quedarán impunes”, advierten.

Reclamo de acción urgente

Temen que, sin una investigación independiente y exhaustiva, la acción penal prescriba o surjan nulidades que redunden en impunidad para la supuesta red de usurpaciones. “Esto atraviesa el Poder Judicial por completo. En algunos casos, miles de expedientes podrían estar bajo sospecha”, sostiene Maximiliano Pipitone.

Por todo ello, hacen un llamado público para que se active la causa, se identifique la presunta participación de cada involucrado y se proteja a los propietarios legítimos que, según afirman, son engañados o directamente despojados de sus bienes. “Esto no es un hecho aislado; es una matriz de corrupción que afecta a los mismos cimientos de la Justicia”, concluyen.