Cayeron 19 personas, entre ellas un sindicalista y una red familiar liderada por “El Gaucho” Funes.
Una organización narco que operaba en Villa Mercedes fue desmantelada por la Justicia Federal tras una investigación que reveló cifras escalofriantes: en solo seis meses, vendieron cocaína por más de 2.200 millones de pesos, con una red que incluía revendedores, familiares y sindicalistas.
El centro de la estructura era Diego “El Gaucho” Funes, quien coordinaba la recepción, distribución y comercialización de hasta 6 kilos de cocaína por semana, abastecido por el sindicalista de la carne Juan Carlos Insúa y su socio Raúl Ramayo, con vínculos directos con un cártel peruano.
Funes controlaba decenas de “kioscos” en los barrios Eva Perón I y II, con puntos de venta incluso al lado de una escuela. En los procedimientos realizados por Gendarmería y Policía de San Luis el pasado 21 de mayo, se secuestraron camionetas 0km, motos, armas, 30 caballos y una quinta con piletas y obras en construcción. La excusa de Funes: “organizo jineteadas”.
Un negocio de $360 millones por mes
La cocaína llegaba desde Buenos Aires, entraba por la ruta 7 hasta Merlo y era distribuida mayormente en Villa Mercedes. Según los cálculos del expediente, el kilo se vendía a $15 millones. Con seis “ladrillos” semanales, la banda movía $90 millones cada siete días. En seis meses, la cifra acumulada trepó a $2.160 millones.
Una red narco con estructura familiar
La organización tenía una estructura piramidal. En la cima, Funes. En la segunda línea, su pareja Katherina Villega y su suegra Rosana Oga, encargada de la “Quinta de las Palmeras”, centro logístico donde se almacenaba y fraccionaba la droga. La red incluía también a sus cuñadas, Romina, Abigaíl Villega y María del Carmen Olariaga, esta última con arresto domiciliario por estar amamantando.
Entre los distribuidores, estaban también Ángel Funes, hermano del jefe, y Richar Villega, con su pareja Paola Alzaga. Incluso Rafael Fernández, pareja de la suegra del líder, participaba en la venta. El único sin vínculo familiar era Alan Fernández, parte de la “tercera línea”.
La justicia los acusó de integrar una banda que “funcionaba de manera sostenida, con roles definidos, protección territorial y conexiones de alto nivel”. Las detenciones previas a los líderes no afectaban el negocio: la estructura seguía operativa.
Procesados con prisión preventiva
Este viernes, 19 personas fueron procesadas con prisión preventiva, incluyendo a Funes, Insúa y Ramayo. Solo dos mujeres recibirán arresto domiciliario. La Justicia aún busca a varios prófugos y no descarta nuevas imputaciones.
Según el Ministerio Público Fiscal, la tercera línea de vendedores fue clave para garantizar el funcionamiento del esquema. Las autoridades consideran que la banda logró sostener una red criminal con capacidad de reposición y blindaje judicial, operando con impunidad durante al menos tres años.
