La ex presidente interpuso un recurso administrativo tras la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar sus beneficios previsionales. Su defensa calificó la medida como “inconstitucional” y “persecutoria”.
La ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner reclamó este viernes ante la ANSES la restitución de su jubilación de privilegio, luego de que el gobierno de Javier Milei decidiera dar de baja ese beneficio, incluidas las asignaciones por el fallecimiento de Néstor Kirchner . Fuentes oficiales confirmaron que el recurso es un paso previo a una eventual acción judicial.
El documento fue presentado por el abogado Facundo Fernández Pastor en representación de la ex presidenta y dirigido al titular de ANSES, Mariano De los Heros . En él, se argumenta que la decisión del organismo previsional es un “error material” que “viola derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Además, la defensa calificó la resolución como un “acto de persecución con multas de venganza, hostigamiento y partidismo”. También solicitó la revocación inmediata de la medida y el pago de los haberes retenidos, incluyendo intereses acumulados.
El reclamo está sustentado en la Ley N° 24.018 , que establece que los ex presidentes y vicepresidentes tienen derecho a una asignación vitalicia como reconocimiento por su honor y desempeño en el cargo. La defensa considera que la quita vulnera este marco legal.
El 14 de noviembre, el Gobierno anunció la eliminación de estas jubilaciones especiales para Cristina Kirchner, tras la ratificación de su condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad . Esta decisión incluyó también la anulación de su pensión derivada por el fallecimiento de Néstor Kirchner.
El subsecretario de Prensa de Presidencia, Javier Lanari , difundió en redes sociales el contenido de la presentación, en la que la ex mandataria busca la restitución de sus ingresos previsionales y plantea que la resolución es inconstitucional.
El reclamo se suma a una creciente tensión política en torno a los privilegios previsionales de los ex funcionarios, en un contexto de ajuste fiscal promovido por el nuevo gobierno.