El juez de Garantía Nº 1, Nicolás Coppola, avaló la imputación fiscal contra Ramón Ezequiel Cruz —ex jefe comunal de Las Aguadas— por peculado, ocultamiento de documentos y cinco incumplimientos de deberes. Tendrá que firmar cada 15 días en la comisaría, no puede salir de San Luis y quedó con sus bienes inhibidos mientras avanza la investigación.

El ex intendente comisionado de Las Aguadas (departamento San Martín), Ramón Ezequiel Cruz, dejó de manejar el sello municipal para sentarse frente al juez. En una audiencia celebrada este jueves, el magistrado Nicolás Coppola dio por admitidos los cargos presentados por la Fiscalía Nº 1 y encuadró los hechos en los artículos más duros del Código Penal aplicables a la administración pública.

Según expuso el fiscal César Salazar Molina, asistido por la fiscal adjunta Andrea Aguilar, Cruz habría:

• Incumplido, en cinco oportunidades, la obligación de presentar balances trimestrales y rendiciones de cuentas (art. 248).

• Ocultado, alterado o destruido documentos oficiales (art. 255).

• Desviado o sustraído fondos públicos —peculado— (art. 261).

Todo ello fue encuadrado en concurso real (art. 55), configurando una pesadilla procesal para el ex funcionario, quien enfrenta las acusaciones como autor material (art. 45).

Las medidas cautelares

Coppola no dictó prisión preventiva, pero aplicó un cerrojo de garantías:

• Firma quincenal en la comisaría más cercana a su domicilio durante 120 días.

• Prohibición de salida de la provincia por el mismo lapso.

• Inhibición general de bienes; la defensa podrá ofrecer una caución sustitutiva.

El costo de “olvidar” los libros

La Fiscalía detalló que la omisión sistemática de balances provocó sanciones del Tribunal de Cuentas (Acuerdos 190/TC/2024, 339/TC/2024 y 318/TC/2024). En criollo: los números no cerraban y nunca aparecieron los comprobantes.

Por eso el Ministerio Público pidió —y obtuvo— 120 días para rematar la Investigación Penal Preparatoria: las pericias contables prometen más dolores de cabeza para el ex intendente.

Silencio y contraataque

Cruz prefirió guardar silencio. Su abogado, Juan Orlando Villegas, atacó la calificación legal, invocó la prescripción y avisó que presentará descargos por escrito. Mientras tanto, la Fiscalía de Estado (Santiago Calderón Salomón y Juan Trusendi) se abrochó al pedido fiscal y defendió cada artículo invocado.

Con el expediente en marcha y el ex jefe comunal bajo lupa, Las Aguadas espera saber cómo se esfumaron —o se maquillaron— los números que, sobre el papel, debían estar al servicio de la comunidad.