Conducía ebrio, mató a un motociclista en San Luis y la Justicia lo mandó a su casa

Un hombre de 42 años que conducía con 0,99 gramos de alcohol en sangre atropelló y mató a un motociclista de 51 años en la avenida Santos Ortiz, en San Luis. La jueza dispuso su prisión domiciliaria por 120 días, mientras avanza la investigación.

Este sábado por la madrugada, Guillermo Alberto Giménez (51) murió tras ser embestido por una camioneta Fiat Toro en la avenida Santos Ortiz, a la altura del puente con la ruta 3, en la ciudad de San Luis. El conductor responsable, Pablo Gastón Fernández (42), circulaba con 0,99 gramos de alcohol en sangre, según el alcotest practicado en el lugar.

El hecho

Según la investigación preliminar de la Fiscalía de Instrucción N°1, Giménez manejaba una moto Corven 110cc en sentido oeste-este, al igual que la camioneta. Al llegar a la altura de la Plaza de los Halcones, la Fiat Toro habría “mordido la banquina” con su costado derecho y, con la parte izquierda, chocó de lleno a la motocicleta. El impacto fue tan fuerte que el conductor de la moto quedó sobre el capó antes de caer al pavimento, ya sobre el puente.

La autopsia arrojó que la víctima sufrió el estallido del hígado y la fractura de la décima costilla derecha, lesiones que le causaron la muerte en el acto. Tres testigos de la zona llamaron al 911 para alertar del siniestro.

La audiencia y los argumentos

La formulación de cargos se realizó el domingo por la noche en el subsuelo del Poder Judicial. El fiscal Francisco Assat Alí, junto al fiscal adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñán, sostuvieron que existió “una relación directa de causalidad, con omisión del deber de cuidado por parte del imputado, lo que elevó el riesgo permitido”. Destacaron que se excedió el límite de alcohol y que, presuntamente, Fernández no llamó al 911 tras el hecho, lo que para la Fiscalía constituía un factor de posible fuga y de entorpecimiento de la investigación. Por ello, pidieron la prisión preventiva por 90 días.

En cambio, el abogado defensor Aldo Giuliani argumentó que su cliente “no huyó, colaboró en todo momento y se quedó en el lugar”. Añadió que dos latas de cerveza no implican un nivel de alcohol muy alto y que, en su criterio, 0,99 g/l no ameritaba necesariamente la prisión preventiva. Sostuvo, además, que la moto de Giménez “no contaba con las medidas mínimas de seguridad”, ya que supuestamente no tenía espejos y el manubrio iba sujetado con cinta de embalaje.

La decisión judicial

La jueza de Garantía N°2 de la Primera Circunscripción Judicial, Agustina Dopazo Samper, resolvió imponer la prisión domiciliaria por 120 días en lugar de la preventiva en un penal. Entre sus argumentos, ponderó que el acusado no tiene antecedentes, se mantuvo en el lugar del accidente y no amenazó a testigos. También consideró que todavía faltan pericias, incluidas las que determinen el eventual estado de alcoholemia de la víctima.

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“Si bien la Fiscalía refiere una alta calidad de pruebas en contra, el imputado no se dio a la fuga y colaboró en la escena. Tampoco hay constancia de amenazas que alteren la producción de prueba”, fundamentó la magistrada.

Durante este lapso de 120 días —plazo de la investigación penal preparatoria—, Fernández deberá permanecer en su domicilio bajo supervisión del área de Control de Reinserción Social, cuyos agentes podrán visitarlo en cualquier momento para corroborar que cumpla la orden. Está imputado provisionalmente por homicidio culposo agravado por el uso de vehículo y por conducir bajo los efectos del alcohol.

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Un caso que enciende el debate

El siniestro ha generado preocupación entre autoridades y ciudadanos, quienes remarcan la necesidad de endurecer los controles y la sanción para quienes manejan alcoholizados. La defensa del imputado, por su parte, sostiene que se trató de un hecho involuntario y que Fernández no tuvo intención de eludir responsabilidades.

A la espera de los resultados de las pericias y el avance de las investigaciones, el caso reabre la discusión sobre la seguridad vial y los criterios para determinar cuándo corresponde una prisión efectiva frente a un delito vial con resultado fatal.

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