Tres acusados enfrentan cargos por falsificación y defraudación al Estado. Más de 90 empleados públicos involucrados.

Este martes dio inicio el juicio oral contra los tres integrantes de una banda dedicada a la falsificación de certificados médicos en San Luis. Paola Tonelli, Augusto Toledo y Graciela Apaza Señani están acusados de formar parte de una estructura delictiva que operaba desde 2024. Los cargos incluyen asociación ilícita y falsificación de documentos públicos y privados, entre otros.

El tribunal comenzó con los primeros alegatos de la fiscal Virginia Palacios, quien expresó su convicción de demostrar la culpabilidad de los acusados, destacando la organización y la división de tareas dentro de la banda. “Se trató de una estructura perfectamente organizada”, afirmó la fiscal. La querella, representada por Santiago Calderón Salomón, fiscal de la Fiscalía de Estado, también se unió a la acusación, subrayando la defraudación al Estado, ya que más de 90 empleados públicos habrían presentado los certificados falsificados.

Según la investigación, la banda operaba promocionando los documentos apócrifos a través de redes sociales, vendiéndolos por un precio que rondaba los $16.000. Una vez realizada la compra, los clientes realizaban los pagos a través de transferencias a la cuenta de Toledo, mientras que Apaza Señani era la encargada de imprimir los certificados.

Testigos clave como la oficial de la División de Investigaciones, Nadia Vega, proporcionaron detalles sobre los allanamientos realizados en los domicilios de los acusados, donde se encontraron más de 40 certificados falsos, algunos de ellos membretados a nombre del Sanatorio Rivadavia. Además, durante el procedimiento se descubrió que los acusados también operaban un negocio en el barrio San Luis 26, desde donde gestionaban las impresiones de los documentos fraudulentos.

El caso se conoció cuando el médico Marcelo Velásquez denunció que había recibido imágenes de certificados falsos que no había emitido. Esto llevó a la denuncia oficial y, finalmente, a la detención de los acusados.

La defensa, encabezada por Federico Farías y Héctor Zavala, presentó objeciones a las pruebas presentadas por la Fiscalía, especialmente la cadena de custodia de los documentos secuestrados. La discusión en la sala fue intensa, con el presidente del tribunal, José Luis Flores, interviniendo para mantener el orden en los alegatos.

Para las próximas audiencias, se esperan más testimonios y los alegatos de las defensas, que continúan insistiendo en la inocencia de sus representados. El juicio está previsto para seguir su curso este jueves a las 9:00, donde se espera que se presenten más pruebas y testigos clave en este caso que ha causado gran conmoción en la provincia.