El Tribunal Oral Federal de Villa Mercedes dictó sentencia contra el abogado Juan Cruz Albarracín y su pareja, la escribana Andrea del Valle Escudero Hernández, quienes fueron condenados a un año de inhabilitación para ejercer sus profesiones y a pagar una multa de 400 mil pesos cada uno a la Asociación Civil “Carita de Ángel”.

La resolución, adoptada el 8 de mayo, representa un nuevo revés para los profesionales, que fueron investigados por los delitos de “Estafa procesal en grado de tentativa”, “Falsificación de documento privado”, “Falsedad ideológica” y “Tráfico de influencias agravado”. Los hechos se originaron en julio de 2020, cuando intentaron recuperar casi 19 millones de pesos incautados a una familia investigada por lavado de dinero.

Según la sentencia, Albarracín y Escudero Hernández deberán cumplir una serie de reglas de conducta durante el período de un año, entre las que se destacan:

• Autoinhabilitación especial: Albarracín no podrá ejercer la función pública, mientras que Escudero Hernández no podrá actuar como escribana.

• Control social: Ambos deberán someterse a seguimiento por parte del Instituto Provincial de Reinserción Social (IPRES).

• Pago de multa: Cada uno deberá abonar 400 mil pesos a la Asociación Civil “Carita de Ángel” en diez cuotas mensuales de 40 mil pesos.

El origen del escándalo: 18 millones, armas y tráfico de influencias

El caso que llevó a la condena de Albarracín y Escudero Hernández comenzó el 8 de julio de 2020, cuando la Policía de Buena Esperanza realizó una inspección en tres camionetas que circulaban por la autopista 55, en el contexto de las restricciones por la pandemia de COVID-19.

Durante el operativo, los agentes encontraron 18.670.000 pesos, armas de fuego y municiones. Los ocupantes, una familia que alegó regresar de intentar comprar un campo en Córdoba, fueron trasladados a la comisaría.

Albarracín, actuando como abogado de la familia, se presentó esa misma noche para gestionar su liberación. Sin embargo, las investigaciones revelaron que el letrado habría solicitado dinero a tres integrantes de la familia para sobornar al juez a cargo de la causa, Juan Carlos Nacul, y recuperar los fondos incautados.

La situación se complicó cuando se descubrió que Escudero Hernández, en su rol de escribana, habría insertado información falsa en la escritura de la compraventa del campo, indicando que la operación fue por 4 millones de pesos cuando en realidad se trató de casi 20 millones.

Un embargo millonario y una sentencia que marca un precedente

Antes de la sentencia, en los primeros meses de 2024, el juez federal Juan Carlos Nacul dictó el procesamiento de los imputados y ordenó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes, destinado a cubrir gastos y costas procesales.

La condena final, emitida por el Tribunal Oral Federal de Villa Mercedes, deja un precedente importante en la provincia, al sancionar a dos profesionales del ámbito legal que utilizaron su posición para intentar manipular el sistema judicial.