Una pareja falsificaba certificados médicos para justificar ausencias laborales. El Estado detectó el fraude y actuó.

Lo que comenzó como una “viveza criolla” terminó en una condena penal y más de 100 despidos en el Estado provincial. En San Luis, José Toledo y Paola Tonelli fueron condenados a cuatro años de prisión por falsificar certificados médicos que vendían a empleados públicos para justificar faltas laborales.

El negocio ilegal creció a tal punto que incluso ofrecían sus servicios por redes sociales y cobraban a través de billeteras virtuales. Los documentos incluían firmas, sellos y membretes de médicos reales, aunque eran completamente falsos.

El caso se destapó cuando el médico Marcelo Velázquez descubrió que figuraba como firmante en certificados que jamás había emitido. Su denuncia desencadenó una investigación judicial y administrativa que sacó a la luz una red de certificados truchos utilizados en dependencias estatales como escuelas, hospitales, comisarías y ministerios.

La Justicia también imputó a Graciela Apaza, dueña de una fotocopiadora que presuntamente imprimía los certificados falsos, aunque fue absuelta por falta de pruebas.

Durante el juicio, se comprobó que los certificados se usaban tanto para ausencias laborales como para justificar faltas escolares o inscripciones deportivas. La Fiscalía de Estado inició sumarios internos y Recursos Humanos relevó a más de 100 empleados, tanto contratados como de planta permanente, que fueron despedidos por uso de documentación falsa.

Según las pruebas, los implicados abonaban los certificados mediante transferencias a Mercado Pago, en lo que parecía un circuito aceitado para el ausentismo fraudulento.

El fallo consideró agravantes como la extensión del daño, la multiplicidad de delitos y la motivación puramente económica. El tribunal calificó los hechos como falsificación de instrumento privado en concurso real con defraudación a la administración pública, ambos en perjuicio de la fe pública y el Estado.

Ahora, Toledo y Tonelli están presos en la Penitenciaría Provincial de San Luis. Mientras tanto, los empleados implicados perdieron su trabajo sin derecho a reincorporación y dejaron una lección amarga sobre las consecuencias de una “avivada” que cruzó todos los límites legales.