Federico Farías denunció arbitrariedad judicial y adelantó dos recursos ante la condena.
Tras la condena a Paola Tonelli y Augusto Toledo, acusados de vender certificados médicos falsos a empleados públicos, el abogado defensor Federico Farías anticipó que apelará el fallo por considerarlo “arbitrario e ilegal”.
El viernes, el Tribunal Oral integrado por José Luis Flores, Adriana Lucero Alfonso y Ariel Parrillis dictó una pena de cuatro años de prisión efectiva por los delitos de falsificación de instrumento privado y defraudación a la administración pública provincial. La tercera imputada, Graciela Apaza Señani, fue absuelta.
Farías cuestionó con dureza la actuación del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Virginia Palacios, quien había solicitado siete años de prisión para los acusados. “La fiscalía intentó meter prueba por la ventana”, denunció el letrado, haciendo referencia a la presunta falta de legalidad en la incorporación de evidencia durante el juicio.
Según la defensa, el juicio avanzó sobre material incorporado sin orden judicial y con una cadena de custodia quebrada. “No estaban las actas, no estaba la orden del juez. ¿Cómo sabemos si esa evidencia fue realmente secuestrada en los allanamientos?”, argumentó Farías ante los jueces durante el debate oral.
Pese al planteo, el Tribunal resolvió que la prueba podía exhibirse si los testigos ofrecían una descripción previa, lo que a juicio del abogado viola el debido proceso. “Se dictó una sentencia basándose en evidencia que no debió haber sido admitida”, insistió.
El defensor anunció que, una vez conocidos los fundamentos del fallo, presentará dos recursos: uno de inconstitucionalidad y otro de casación, en un intento por revertir la sentencia.
“Mis defendidos están en shock. Consideran que no hubo pruebas contundentes que justifiquen esta condena tan dura”, expresó Farías, quien además reiteró que se trató de un proceso contaminado de irregularidades.
La causa sacudió a la administración pública de San Luis, tras comprobarse que decenas de agentes compraban certificados truchos para justificar inasistencias laborales. Más de 100 empleados fueron despedidos.
