Denis Velázquez, acusado de golpear, encerrar y amenazar a su pareja en pleno Barrio Universitario, cumplirá 120 días de arresto en la casa de su padre. La jueza Natalia Lazarte Otero justificó la medida “morigerada” para que el imputado pueda cobrar y mantener a sus hijos.
La justicia puntana volvió a elegir el camino más blando. Denis Velázquez —detenido el 15 de mayo tras un violento episodio de golpes, amenazas y privación de la libertad contra su pareja— pasará los próximos 120 días en prisión domiciliaria. No sólo eso: la jueza de Garantía Nº 4, Natalia Lazarte Otero, le concedió salidas laborales los sábados, domingos y feriados para que pueda cubrir francos en un organismo estatal y “garantizar el sustento alimentario” de sus hijos menores.
La decisión se selló en audiencia con acuerdo entre la fiscal adjunta Antonella Romagnoli, de la Fiscalía de Género, y la defensora oficial Nadia Agúndez, quienes optaron por una coerción más suave que la prisión preventiva solicitada inicialmente.
El ataque
Según el expediente, la madrugada del 15 de mayo Velázquez revisó el celular de Corina Quevedo mientras dormía. Al leer mensajes privados, la despertó a los gritos, la golpeó en la sien, la pateó y la arrastró por la casa; después la encerró, le rompió la ropa y le quitó el teléfono. Entre las amenazas, llegó a insinuar que la prendería fuego mientras le arrojaba agua (por suerte fría) a ella y al bebé que ambos tienen en común.
La mujer logró enviar un SOS al hermano con el celular de su hija de siete años. Cuando el familiar arribó para auxiliarla, Velázquez se negó a abrir la puerta. La policía debió irrumpir por la fuerza para rescatarla.
Los cargos
El imputado enfrenta los delitos de lesiones leves agravadas por vínculo y violencia de género, amenazas y privación ilegítima de la libertad, todo en concurso real. Pesa sobre él, además, una denuncia previa de agosto de 2023 que sigue su curso en el Juzgado de Familia.
La “morigeración” y la geografía
Velázquez cumplirá arresto en la casa de su padre, en la zona sur del centro capitalino. La víctima reside en Barrio Universitario, al norte, lo que —según el fallo— “garantiza distancia” para su seguridad. El progenitor se comprometió a vigilar el cumplimiento de la medida.
Testimonio clave
La jueza también autorizó que la hija de siete años declare en Cámara Gesell, resguardando así sus derechos como menor de edad.
La resolución deja un sabor amargo para quienes reclaman firmeza en casos de violencia de género: el agresor podrá salir a trabajar incluso los feriados, mientras la víctima reúne fuerzas para recuperarse y enfrentar un nuevo proceso judicial que, otra vez, parece empezar cuesta arriba.
