La mañana de este lunes, el Juzgado de Garantías N.º 1 se convirtió en escenario de una trama de fraude empresarial que, según la acusación, dejó un agujero de $48.154.231 en las finanzas de Distribuidora Alvear. Sentado ante el juez Juan Montiveros Chada, Julio Raymundo Quiroga —41 años, encargado de ventas— escuchó la imputación de la fiscal adjunta María José Guiñazú: estafa reiterada.

Tres asaltos que nunca existieron

La sospecha se disparó el 14 de septiembre de 2024, cuando Quiroga denunció que motochorros lo habían despojado de una mochila con $7,8 millones entre efectivo y cheques. Era la tercera vez que relataba un robo semejante. Las cifras y las circunstancias comenzaron a incomodar al socio gerente de la distribuidora, quien ordenó una auditoría.

Transferencias a la cuenta personal

La pesquisa interna abarcó trece clientes de San Francisco, Luján, Quines y Candelaria. El resultado fue demoledor: los comprobantes mostraban que, por indicación del propio Quiroga, las transferencias de pago se cursaban a una cuenta bancaria a su nombre, no a la oficial de la firma. Sumadas las operaciones, el desvío trepó a más de 48 millones de pesos.

Guiñazú detalló que Quiroga quebró el protocolo obligatorio de la compañía, que exige depositar la recaudación diaria en un buzón de seguridad instalado en la sede de la firma. En cambio, se llevaba el dinero, lo retenía y luego denunciaba falsos atracos.

Medidas de coerción

La defensa —a cargo de la abogada María de los Ángeles De Pascuale— guardó silencio en esta primera audiencia. El juez dispuso que el imputado:

• Firme el libro de procesados una vez al mes por 90 días.

• No abandone la provincia sin autorización judicial.

La querella, representada por los abogados Oscar Garat y Sebastián Arabena, solicitó la inhibición general de bienes de Quiroga. El magistrado la condicionó a que los representantes legales de la empresa presenten una contracautela: una garantía económica destinada a cubrir hipotéticos perjuicios si la inhibición resultara infundada.

Lo que viene

La Fiscalía de Instrucción N.º 3 deberá ahora profundizar la trazabilidad de los pagos y reconstruir la ruta del dinero. Entre las medidas esperadas figuran peritajes contables, análisis de los movimientos bancarios del acusado y la declaración de los comerciantes que recibían la instrucción de transferirle directamente.

Si la acusación prospera —y la suma supera la escala básica de estafa— el Código Penal habilita penas de hasta seis años de prisión efectiva. Por el momento, Quiroga seguirá en libertad, pero con la lupa judicial encima y sin poder salir de San Luis.

Distribuidora Alvear, en tanto, espera que la eventual inhibición de bienes permita recuperar al menos una parte del faltante que, hasta ahora, solo dejó balances en rojo y un daño reputacional difícil de calcular.