Detectó maniobras fraudulentas internas, despidió a empleados y ahora enfrenta demandas laborales.
La firma Polimetal, una de las empresas más importantes del sector industrial en San Luis, detectó una red de empleados que presentaban certificados médicos falsos para justificar inasistencias. Tras una investigación interna, despidió a once operarios, denunció el caso ante la Justicia y colaboró activamente en el proceso que terminó con la condena a cuatro años de prisión para Paola Tonelli y Augusto Toledo, responsables de comercializar estos documentos apócrifos.
Sin embargo, la empresa manifestó ahora su preocupación por el accionar de la jueza laboral Adela Pérez del Viso, quien admitió una demanda millonaria de uno de los trabajadores despedidos, a pesar de los antecedentes judiciales ya firmes.
“No puede desconocer que hay una condena penal por estos hechos. El sistema judicial debe actuar con coherencia”, expresó Carlos Coiset, gerente de Recursos Humanos de Polimetal.
Todo comenzó cuando un certificado presentó anomalías. El documento, firmado por una psicóloga de Río Cuarto, generó sospechas. La profesional, al ser contactada, negó haber atendido al paciente en San Luis y se mostró conmocionada al saber que su firma había sido falsificada. A partir de allí, se inició una auditoría interna que reveló otros diez casos similares.
Polimetal presentó pruebas clave en la causa contra Tonelli y Toledo, quienes falsificaban firmas de médicos como Marcelo Velázquez, denunciante principal del caso. La empresa también puso en alerta a cámaras industriales y otros prestadores.
Pese a haber sido víctima del fraude y colaborar con la investigación judicial, Polimetal recibió una demanda laboral por más de $20 millones, presentada por un ex empleado involucrado en la maniobra. La causa fue asignada a la jueza laboral Adela Pérez del Viso, quien —según la empresa— “está ignorando una sentencia penal reciente”.
Coiset fue tajante:
“Hay una mafia instalada. El psiquiatra condenado y su pareja no son los únicos. Hay más que siguen vendiendo certificados como si nada. La Justicia debe actuar”.
Desde la empresa insisten en que la situación debe servir como alerta para el sector privado y también para el Poder Judicial, y cuestionan el rol del abogado Alejandro Anglada, quien representa a varios de los ex empleados que fueron despedidos por falsificar certificados.
“Queremos que esto se sepa. No vamos a permitir que se tergiverse la realidad ni que se premie a quienes cometieron una falta grave”, concluyó Coiset.
