El pasado 6 de mayo, Verónica Acosta, vecina de Villa Mercedes, abrió su home banking y halló no los $8.000 de cuota alimentaria sino un depósito oficial de $510.236.811. En pocas horas retiró el dinero y realizó 66 transferencias a familiares, además de comprar un auto, dos televisores, una heladera y otros bienes.

Detección y reacción judicial

El tesorero municipal detectó la anomalía y la denunció de inmediato. La fiscal Daniela Torres calificó el caso como “maniobra delictual” y logró congelar la cuenta antes de que el resto del dinero desapareciera. Tras allanamientos, se secuestraron vehículos y electrodomésticos adquiridos con esos fondos.

Seis imputados y una fianza millonaria

Además de Acosta, fueron imputados Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil por defraudación al Estado y retención indebida. La jueza subrogante Antonela Panero ordenó a cada uno pagar $30 millones de fianza en tres días hábiles para evitar la prisión preventiva.

Recuperación de casi la totalidad del dinero

Según fuentes judiciales, el 90 % de los $510 millones fue recuperado: una parte devuelta voluntariamente y el resto congelado en cuentas digitales y billeteras electrónicas, cuya trazabilidad sigue bajo análisis.

La defensa insiste: “No son delincuentes”

El abogado Hernán Echevarría describe a sus defendidos como “personas humildes, sin antecedentes y de buena fe”, y califica la fianza de “exorbitante e imposible de cumplir”. Insiste en que el único delito fue un “error del Estado”.

¿Error o aprovechamiento?

El punto clave es si Acosta y sus familiares sabían que el dinero no les correspondía. Ella alegó que inicialmente creyó haber recibido $500 mil —no 500 millones— y luego, “con tanta necesidad”, decidió gastar y repartir el excedente. La fiscalía, sin embargo, sostiene que la rapidez de las operaciones y la magnitud de las compras evidencian intención de apropiación.

Con el caso en manos del Juzgado de Garantía N.º 3, el debate se centrará en dilucidar si existió dolo en la conducta de los imputados y en definir un monto de caución acorde al perjuicio causado al erario público.