La Fiscalía de Estado reclamó reactivar la investigación que involucra a un psiquiatra judicial.
La causa por los casi 3.000 días de licencias presuntamente truchas otorgadas a empleados públicos por un psiquiatra del Poder Judicial está paralizada. A casi 80 días de presentada la denuncia, la Fiscalía de Estado solicitó con habilitación de día y hora una serie de medidas urgentes ante la Unidad de Abordaje Fiscal para reactivar el expediente.
El eje de la denuncia es el psiquiatra Franco Mastronardi, integrante del Cuerpo Médico Forense, acusado de emitir 97 certificados con diagnósticos idénticos o similares que suman en total 2.989 días de licencia médica. Las inconsistencias fueron detectadas por el Gobierno provincial a través de un control interno rutinario.
La Fiscalía pidió determinar si hubo certificaciones irregulares, establecer la situación laboral de Mastronardi en el Poder Judicial, y solicitar a la Dirección Nacional de Migraciones si la exempleada beneficiada por una licencia por agorafobia —y ya despedida— salió del país durante ese período.
Además, se requirió enviar oficios a la Policía de San Luis, la Municipalidad capitalina, la Municipalidad de La Punta, la Universidad Nacional de San Luis, la Cámara de Comercio y la Dirección de Escuelas Privadas para que informen si en sus registros figuran certificados emitidos por Mastronardi.
La Fiscalía también propuso que declaren como testigos la subdirectora de Relaciones Laborales, Ivana Balmaceda Amestoy, y la psicóloga Belén Carduner, de la Junta Médica.
En cuanto a Mastronardi, se exigió que el Poder Judicial informe si tiene cargo de funcionario o contratado, cuáles son sus horarios, si tiene bloqueo de matrícula, antecedentes disciplinarios y se remita su legajo completo. A su vez, se pidió que la Dirección Provincial de Ingresos Públicos y ARCA informen si el profesional está inscripto como contribuyente, su actividad declarada y movimientos económicos como psiquiatra en el sector privado.
Esta causa llega semanas después del condena a Paola Tonelli y Augusto Toledo, quienes fueron sentenciados a cuatro años de prisión por vender certificados médicos falsos. La Justicia determinó que al menos 100 empleados públicos usaron esos documentos truchos para justificar inasistencias, lo que derivó en despidos masivos en la administración estatal.
La investigación actual podría destapar una red de privilegios y encubrimientos médicos en el Estado, donde profesionales con cargo judicial habrían facilitado ausencias laborales prolongadas sin control efectivo.
