El fiscal Fernando Rodríguez solicitó una condena de tres años de prisión en suspenso y cinco años sin carnet para Felipe Iglesias (67), acusado de atropellar y matar a Pablo Ayala (37) en diciembre pasado. Las familias de las víctimas rechazaron el acuerdo y calificaron la propuesta como “un premio”.

El caso por la muerte de Pablo Ayala ingresó este martes en la recta final. Ante el Tribunal de Juicio N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial, el fiscal Fernando Rodríguez propuso un juicio abreviado que contempla tres años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir para Felipe Iglesias, de 67 años, quien el 16 de diciembre de 2023 embistió con su Fiat Cronos la moto Honda en la que viajaban Ayala y Florencia Arrieta.

Rodríguez sostuvo que la figura correcta es homicidio culposo y lesiones leves en concurso ideal, la misma calificación que había empleado la Fiscalía de Instrucción N.º 3 en la etapa preliminar. El imputado llegó a debate acusado de homicidio simple con dolo eventual y lesiones graves, agravado por la fuga y la falta de auxilio. Para el fiscal, mantener esa figura implicaría “una interpretación en contra del imputado” y violaría el principio constitucional de la duda a favor del acusado.

Entre los atenuantes, Rodríguez subrayó la falta de antecedentes penales de Iglesias y su colaboración desde el inicio de la causa. También mencionó el delicado estado de salud del conductor: cardiopatía con dos stents y diabetes tipo 2, cuadros que justificaron la prisión domiciliaria que cumplió durante más de cuatro meses.

El acuerdo fue presentado ante los jueces Ariel Parrillis, José Luis Flores y Adriana Lucero Alfonso, quienes disponen de diez días hábiles para homologar o rechazar la propuesta.

La defensa insiste en el carácter culposo

El abogado defensor, Santiago Calderón Salomón, calificó la propuesta como “coherente” y resaltó que su cliente nunca intentó eludir a la justicia: se presentó voluntariamente, se sometió al test de alcoholemia (0,0 g/l) y autorizó las pericias sobre el vehículo. “Su alejamiento momentáneo del lugar se debió una descompensación”, aseguró.

En primera persona, Iglesias pidió la palabra:

“Pido disculpas a la familia. Nunca quise atropellar a nadie ni que esto ocurriera”, expresó con la voz quebrada.

El rechazo de las víctimas

La querella, representada por los abogados Guillermo Gatica y Jorge Sosa (familia Ayala) y Martín Ignacio Loayza Fernández (Arrieta), rechazó de plano el juicio abreviado.

“La pena propuesta es un premio, no un castigo”, argumentó Sosa, y solicitó mantener la imputación original de homicidio con dolo eventual por la supuesta indiferencia del conductor tras el impacto.

Carlos Ayala, padre de la víctima fatal, pidió justicia:

“No pido cadena perpetua, solo justicia. Mi hijo era una gran persona. Este señor vio lo que hizo, se agarró la cabeza y lo abandonó.”

Lo que viene

Si el tribunal homologa el acuerdo, Iglesias no irá a prisión efectiva salvo que viole las condiciones impuestas. De lo contrario, la causa volverá a debate y las partes deberán sostener sus pruebas ante la figura de dolo eventual.

Mientras los magistrados deliberan, la discusión reaviva un viejo dilema de los siniestros viales: ¿hasta dónde se extiende la responsabilidad penal cuando un conductor asume el riesgo de provocar una muerte?