Abigail Vial perdió su beca para el Profesorado en Educación Física, pese a cumplir con todos los requisitos. Sin previo aviso, el gobierno de Poggi canceló su apoyo económico.
Abigail Vial tiene 23 años y lo que iba a ser su oportunidad de progreso se esfumó de la noche a la mañana. El Gobierno de San Luis, con su lógica de dar y quitar sin mirar a quién afecta, decidió que ya no debía seguir cobrando la beca que le permitía estudiar el Profesorado de Educación Física en el IFDC “Juan Pascual Pringles”. Así, sin avisos, sin papeles ni razones, su vida se llenó de interrogantes y angustia.
Esta joven, que hasta hace poco recibía 80 mil pesos mensuales para subsistir mientras se formaba, ahora se encuentra a la deriva. Ese monto no era una fortuna, claro, pero era la base con la que Abigail se sostenía sola. Porque a diferencia de muchos otros que pueden apoyarse en sus familias, ella viene de un hogar humilde: su madre es ama de casa y trabaja cuidando ancianos los fines de semana para aportar algo más a la economía familiar, que siempre está en rojo.
“Me mantenía sola con lo de la beca. Me ayudaba muchísimo, yo quiero que me vuelvan a incorporar, para que mi madre no se esfuerce más de lo que ya da”, dice Abigail. Pero parece que a los responsables de las decisiones en Terrazas del Portezuelo poco les importa el esfuerzo que hay detrás de cada estudiante que intenta progresar en este país. Un país que se llena la boca hablando de igualdad de oportunidades mientras le corta las alas a quienes, con esfuerzo y sacrificio, luchan por salir adelante.
Y es que Abigail cumplió con todo lo que se le pidió. Su historia es la de una joven que siguió cada paso, cada instrucción, cada trámite. Primero, en un merendero que luego se transformó en comedor en el Circuito 1.020. Después, cuando las autoridades decidieron hacer un relevamiento, ella fue como todos, entregó papeles, hizo preguntas y recibió respuestas vagas. Incluso firmó un contrato en junio, que era supuestamente la garantía de que seguiría percibiendo la beca. Pero todo se desvaneció. “Me dijeron que me iban a contactar para asignarme un nuevo lugar, pero después quedó todo en la nada y me dejaron de pagar”, lamenta.
Aquí surge la pregunta de fondo: ¿quién decide estas cosas? ¿Quién le quita a alguien una beca que para ella significa la diferencia entre estudiar o no? Entre forjarse un futuro o seguir dependiendo del azar y la caridad. Las becas laborales —antes conocidas como las 22AG— no son un lujo, son una necesidad para muchas familias que no pueden solventar la educación de sus hijos. Pero parece que el Gobierno olvida esto cada vez que firma una baja sin nombre ni explicación.
Porque eso es lo que indigna. No solo le quitaron un apoyo económico, le quitaron las ganas de creer en el sistema. De pensar que si uno hace las cosas bien, si uno se esfuerza y sigue las reglas, las cosas salen. Pero no. Hoy, lo único que tiene Abigail es la foto de un contrato que alguna vez firmó y la angustia de no saber por qué la dejaron fuera. “En ningún momento me informaron cuál fue el motivo”, repite.
La historia de Abigail es la de miles de chicos que ven cómo las promesas de igualdad y justicia se evaporan cada vez que un burócrata decide firmar un papel. Jóvenes que deberían estar pensando en sus estudios, en sus prácticas y en su futuro, pero que se encuentran peleando por algo tan básico como una beca. Una beca que era un derecho y que, de la noche a la mañana, dejó de serlo.
Hoy, en San Luis, una joven se quedó sin el apoyo que le daba un respiro a su realidad. Y lo peor es que ni siquiera hay alguien que le dé una razón. Una razón de por qué alguien que cumple con todo tiene que perder lo que otros, sin esfuerzo alguno, logran conservar. A veces, la verdadera injusticia no es lo que se hace, sino el silencio con el que se cubre todo.