Fiscalía expone una trama de asociación ilícita en la gestión de Freixes y su familia en Pueblo Ranquel
La fiscalía de Estado presentó una denuncia que sacude los cimientos de la administración pública en Pueblo Ranquel, acusando al exfuncionario Sergio Freixes y a su familia de liderar una asociación ilícita que habría desviado fondos públicos para enriquecimiento personal. La demanda incluye a su esposa y sus hijos, señalando su participación en las presuntas actividades fraudulentas.
El origen de esta trama se remonta a abril de 2020, cuando Freixes obtuvo un poder especial para operaciones administrativas y bancarias, otorgado por Lavandeira, un funcionario sin facultades para hacerlo. Esta acción dio inicio a lo que la fiscalía considera una asociación ilícita, permitiendo a Freixes administrar cuentas municipales y fondos públicos para beneficio propio.
Según la denuncia, la municipalidad de Pueblo Ranquel operaba con dos cuentas bancarias, una para depósitos gubernamentales y otra para ingresos derivados de la explotación agropecuaria. Los ingresos totales desde abril de 2020 hasta diciembre de 2023, ascendieron a una cifra alarmante de $669.696.011,61, según datos oficiales y bancarios.
Se detalla que los ingresos por arrendamientos y venta de ganado fueron desviados o no registrados adecuadamente, lo que habría permitido el enriquecimiento indebido de Freixes y sus asociados. Se destacan ventas no declaradas en Senasa y operaciones financieras sin justificación, evidenciando una compleja red de corrupción.
Además, se mencionan gastos excesivos en concepto de mantenimiento de vehículos y obras, señalando la falta de mejoras visibles en infraestructura comunitaria. La denuncia detalla las funciones y participaciones de cada miembro de la asociación ilícita, incluyendo a la esposa de Freixes y otros colaboradores cercanos.
El fiscal enfatiza que estas acciones constituyen un grave delito de corrupción, poniendo de manifiesto la urgencia de una investigación exhaustiva para llevar a los responsables ante la justicia. La comunidad de Pueblo Ranquel y la provincia en su conjunto esperan respuestas claras y acciones contundentes para combatir la corrupción y restaurar la confianza en las instituciones públicas.