El juez les prohibió salir de la provincia y el país. En la audiencia de más de 10 horas, se expusieron pruebas de desvío de fondos públicos, uso de bienes estatales para la política y hasta una cuenta de combustible con 14 beneficiarios.
El vaciamiento del complejo Molino Fénix y Casa de la Música no fue solo una denuncia más sobre irregularidades en la administración pública. Este viernes, la Justicia formalizó la imputación contra la ex diputada Anabela Lucero, su pareja y actual legislador Joaquín Beltrán, y otros tres exfuncionarios por un entramado de corrupción que, según la Fiscalía, incluyó peculado, administración fraudulenta y desvío de fondos estatales para campañas políticas.
La audiencia, que se extendió por más de 10 horas y tuvo momentos de tensión, culminó con un embargo por $300 millones, la prohibición de salir de San Luis y la entrega de pasaportes de los acusados.
Una trama de corrupción con bienes públicos
El fiscal José Olguín describió en detalle nueve hechos delictivos que involucran a Lucero, Beltrán y sus allegados. Según la acusación, la ex diputada utilizó recursos del Molino Fénix para su campaña a intendenta de Villa Mercedes en 2023, desvió bienes del Estado a su sede política y, junto a Beltrán, usaron las instalaciones como su propia vivienda durante nueve meses.
Entre los hechos más graves, se expuso:
Vaciamiento de bienes públicos: Testimonios y registros fílmicos muestran a los imputados retirando muebles, computadoras y documentación del Molino Fénix y la Casa de la Música. Parte de los objetos fueron trasladados a la sede política de Lucero y otras pruebas indican que bolsas con documentos fueron arrojadas a un basural en la zona de barrio Kilómetro 4.
Uso del complejo como residencia personal: Según la Fiscalía, la pareja vivió en el Molino Fénix por casi un año, usufructuando servicios de limpieza, cocina y seguridad pagados por el Estado. También recibían visitas privadas y organizaban fiestas con funcionarios y allegados políticos.
Combustible financiado con fondos públicos: Beltrán habilitó una cuenta en una estación de servicio, donde 14 personas cargaban nafta a costa del Estado. La maniobra se detectó en 5.900 litros de combustible, valuados en más de $8 millones. Además, vehículos oficiales fueron utilizados para retirar folletos de campaña en Córdoba y trasladar votantes el día de las elecciones.
Acoso político a empleados: En 2023, trabajadores del Molino Fénix fueron obligados a participar de actos políticos, limpiar sedes partidarias y hasta armar bolsones de comida para la campaña de Lucero.
Gastos de campaña financiados con fondos públicos: Se registraron facturas de transporte para movilizar militantes entre San Luis y Villa Mercedes, pagos de seguros de inmuebles privados y compra de remeras y banderas proselitistas.
Tensión en la audiencia y un cruce explosivo
Desde el inicio de la audiencia, la estrategia de la defensa fue acusar al juez Santiago Ortiz de persecución política. Los abogados Carlos Cobo y Gonzalo Estrada lanzaron frases como “¿Fusilamiento no?”, “se le está yendo la mano” y “¿tiene los pantalones cortos o largos?”, en un intento por deslegitimar la imputación.
En un momento de máxima tensión, Beltrán increpó a un policía de la investigación y denunció al exgerente del Molino Fénix, Pablo González, por falso testimonio.
Luego de rechazar la postergación de la audiencia solicitada por la defensa, el juez fue interpelado con un “¿Usted está apurado?”, lo que desató un cruce entre Cobo y el fiscal adjunto Marcelo Palacio, que debió ser contenido por efectivos de seguridad.
Medidas de coerción: prohibiciones y embargo millonario
Tras horas de debate, el juez Ortiz resolvió:
✔️ Embargo por $300 millones entre todos los imputados.
✔️ Prohibición de salir de San Luis y del país sin permiso judicial por cuatro meses.
✔️ Entrega de pasaportes.
✔️ Prohibición de acercarse a menos de 200 metros del Molino Fénix, Casa de la Música y Museo Gatica.
✔️ Obligación de firmar el libro de imputados del 1 al 10 de cada mes.
La defensa anunció que apelará la resolución ante el Tribunal de Impugnaciones.
Un golpe al poder albertista
La imputación a Lucero y Beltrán, ambos referentes del albertismo, sacude el tablero político en San Luis. La investigación, que en su momento fue tildada de “circo judicial” por sectores del PJ, reveló un esquema sistemático de corrupción, con pruebas contundentes.
Mientras el caso avanza en la Justicia, en la opinión pública queda un interrogante claro: ¿se trata del fin de la impunidad para los exfuncionarios del Rodríguez Saá?
