La exsecretaria de Deportes de San Luis está acusada de múltiples delitos por el uso de fondos públicos durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá. La Fiscalía la responsabiliza por favorecer al club que presidía, con recursos estatales y una compra con sobreprecio millonario.

La exsecretaria de Deportes de San Luis, Cintia Ramírez, enfrenta un pedido de cinco años de prisión efectiva y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, en el marco de una investigación judicial que la vincula con negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de fondos, defraudación a la administración y otras irregularidades graves.

La solicitud fue presentada por el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, quien además responsabilizó a la exfuncionaria por canalizar fondos públicos hacia San Luis Fútbol Club, entidad deportiva que ella misma fundó y presidió mientras ocupaba simultáneamente la Secretaría de Deportes y el Ente Deporte San Luis.

La causa también incluye la compra de un colectivo Volvo para el club, por $290 millones, con un sobreprecio estimado en más de $175 millones. Según la tasación de la martillera Marina Rissotto, el vehículo está valuado en apenas $114 millones.

Tres cargos, una estructura paralela

Cintia Ramírez concentró tres cargos clave al mismo tiempo: era secretaria de Deportes, titular del Ente Deporte San Luis —organismo con capacidad para manejar recursos públicos— y presidenta del club San Luis Fútbol Club, creado en abril de 2022, con su pareja Agustín Alessio como vicepresidente.

A partir de entonces, según la acusación, Ramírez dirigió pagos por más de $166 millones desde el Ente hacia su propio club, para cubrir gastos operativos, desde viáticos, seguros y ropa deportiva hasta electrodomésticos y salarios. La Fiscalía afirma que el club no pagó ninguno de sus costos operativos y fue sostenido íntegramente por fondos estatales.

“Todo gasto que tuviese el club era cubierto por fondos públicos gestionados por la Secretaría y canalizado por el Ente presidido también por ella”, explicó Assat Alí. “Estas acciones tenían una apariencia legal en lo formal, pero siempre estuvieron encubriendo un ardid destinado a privilegiar intereses particulares”.

El colectivo con sobreprecio

El fiscal también detalló que Ramírez solicitó en noviembre de 2023 —a solo días de dejar el cargo— la compra de un colectivo Volvo B450, modelo 2018, por $290 millones. La empresa proveedora no era una concesionaria de vehículos, sino una empresa de turismo, y la operación se realizó en tiempo récord: el expediente fue tramitado en un solo día.

Aunque Ramírez se excusó de participar en el expediente de compra por su rol en el club, la adquisición igualmente se concretó desde la Secretaría General de Gobierno. La Fiscalía sostiene que la operación estaba pactada con antelación, al punto que la factura proforma y la nota de solicitud ya estaban fechadas el 27 de noviembre.

Los delitos imputados

El dictamen del fiscal detalla una serie de cargos contra Ramírez:

• Negociaciones incompatibles con la función pública, por firmar autorizaciones y gestionar recursos a favor de una entidad que presidía.
• Malversación de caudales públicos, por redireccionar la mayoría del presupuesto deportivo hacia un solo club.
• Defraudación a la administración pública, por realizar una compra con sobreprecio y justificarla con documentación sospechosa.
• Incumplimiento de los deberes de funcionario público, por violar normas básicas de imparcialidad en la función.

El fiscal pidió que se convoque a la audiencia de control de acusación para luego avanzar con la elevación a juicio oral.

Rodríguez Saá salió en su defensa

Días atrás, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá defendió públicamente a Ramírez y asumió la responsabilidad por la compra del colectivo: “Yo doné un colectivo de la provincia, ¿qué tiene de malo? Cintia Ramírez no firmó nada, ni pidió nada y se apartó, por lo cual no tienen ninguna forma de hacerle una imputación penal por esto. A ver si alguien cree que eso es un delito y si es un delito que me miren a mí”, expresó.

A pesar de esas declaraciones, el expediente judicial y las pruebas recolectadas indican un entramado de gestión paralela de fondos estatales que se habrían utilizado para financiar y fortalecer un club privado creado por la propia funcionaria.

La causa está avanzada y el paso siguiente será la definición de fecha para el control de acusación. Si el juez hace lugar, Ramírez quedará formalmente acusada y el caso pasará a juicio oral y público.