El gobernador Poggi firmó un decreto que resuelve la cesantía de un segundo grupo de estatales que cometieron la irregularidad.

El gobernador Claudio Poggi continúa enviando señales claras sobre su postura frente a la corrupción dentro del Estado provincial. Este miércoles, firmó un decreto que desvincula a 23 empleados públicos que utilizaron certificados médicos falsos para justificar licencias por enfermedad. Con esta nueva medida, ya son 42 los trabajadores despedidos tras el descubrimiento de estas prácticas fraudulentas.

El decreto, rubricado cerca de las 20 horas, establece la “rescisión inmediata de los contratos de prestación de servicios y la conclusión de la relación laboral” con los involucrados. Además, ordena el descuento de los haberes percibidos durante los días en que se justificaron con certificados apócrifos.

Esta decisión es la continuación de una serie de acciones iniciadas ayer, cuando Poggi firmó las primeras 19 cesantías luego de que una auditoría de la Dirección de Recursos Humanos detectara irregularidades. Según informó la Agencia de Noticias de San Luis (ANSL), en las próximas horas se esperan más desvinculaciones como resultado de la investigación en curso.

Con esta medida, Poggi busca reforzar un mensaje de tolerancia cero hacia las prácticas que lesionan las arcas públicas y atentan contra la ética en la función estatal. La auditoría no solo expone un problema estructural, sino que también evidencia la voluntad política del gobernador para erradicar este tipo de conductas.

El caso, que ha generado un amplio debate en la provincia, se suma a las decisiones recientes del mandatario que buscan reafirmar su liderazgo y sentar precedentes claros sobre la responsabilidad y el compromiso en el sector público. La lucha contra el fraude está en marcha, y Poggi no parece dispuesto a retroceder.