Aunque el juez Santiago Ortiz rechazó la calificación penal de “robo en poblado y en banda” para uno de los hechos investigados, la querella apeló y busca que Lucero, Beltrán y otros tres exfuncionarios enfrenten una imputación más dura por la sustracción de bienes y documentación.
El caso del vaciamiento del Molino Fénix suma un nuevo capítulo judicial. Mientras el Ministerio Público Fiscal acusa a la exdiputada Anabela Lucero, a su pareja, el diputado provincial Joaquín Beltrán, y a otros tres exfuncionarios por nueve hechos de corrupción —entre ellos peculado, administración fraudulenta y malversación de fondos—, la única calificación rechazada por el juez Santiago Ortiz fue la de “robo en poblado y en banda”. Ahora, la querella elevó una apelación para revertir esa decisión.
La polémica surge en torno al hecho N°4, registrado el 9 de diciembre de 2023, un día antes del cambio de gobierno. Según el fiscal José Olguín, un video de cámaras de seguridad muestra cómo cinco personas —incluidos Lucero, Beltrán, Enzo Lucero (exjefe de Eventos), Exequiel Scarel (jefe de la Casa de la Música) y Diego Torres (coordinador de Teatro)— ingresan al complejo, se apoderan de documentación y equipos electrónicos y los cargan en el auto de Anabela Lucero. Parte del material sustraído apareció luego en un basural del barrio Kilómetro 4.
La decisión de Ortiz fue descalificar la figura penal de “robo en poblado y en banda” y reconducirlo como un delito contra la administración pública. Para el fiscal Olguín y la querella, sin embargo, el modus operandi recuerda más a un asalto deliberado, típico de los delitos contra la propiedad. “Hemos visto numerosos casos de escuelas saqueadas, y siempre se imputa robo, no un delito contra la administración pública”, argumentó Olguín. “No se limitan a un uso indebido de bienes del Estado; ellos entran, rompen, se llevan papeles y tecnología. Es una acción de robo.”
La querella, representada por el abogado Flavio Ávila, presentó un escrito de apelación para que el Tribunal de Impugnaciones reexamine el rechazo del juez Ortiz. Plantean que, al no estar en juego únicamente la función pública, sino la propiedad en sentido estricto, la maniobra encuadra en el artículo 167 inciso 2 del Código Penal, que agrava la pena por el uso de violencia en poblado y en banda.
La apelación describe de manera puntual el momento en que, entre las 11 y las 18 de ese 9 de diciembre, los imputados “sustrajeron equipos informáticos y documentos” pertenecientes al complejo y hasta rompieron un armario con legajos de los empleados, provocando daños considerables. El fiscal relató, además, que una camioneta oficial se utilizó para trasladar equipamiento tecnológico, televisores y notebooks, y que gran parte de la documentación acabó en un basural.
Olguín cuestionó especialmente “la extrema rapidez” con que actuaron, considerando que al día siguiente dejaban sus cargos. Agregó que el papel de Anabela Lucero y Beltrán como máximos responsables del complejo dejó el lugar “desmantelado”. Al momento de la entrega de mando, el personal que asumió encontró puertas rotas y faltante generalizado de documentación.
Para el juez Santiago Ortiz, no obstante, el hecho encaja mejor en la figura de peculado o “delitos contra la administración pública”. La Fiscalía y la querella, en cambio, insisten en que “romper, retirar y cargar bultos en un auto constituye un robo agravado”. “Si una escuela pública es saqueada, se imputa robo. No hay razón para un criterio distinto en el Molino Fénix, que es un inmueble del Estado”, rebatió Olguín.
La apelación apunta a que el Tribunal de Impugnaciones revierta el criterio de Ortiz. Según la querella, la acción de los imputados va más allá de un mero uso indebido de bienes públicos: “Lo que hubo fue fuerza en las cosas y violencia, sin intención de devolución ni un mero exceso en la función pública, sino apropiación y remoción de elementos para un provecho particular.”
Mientras tanto, la Justicia continúa recibiendo escritos y se prevé que el caso llegue pronto a la audiencia de control de acusación, paso previo a un posible juicio oral. En el medio, Anabela Lucero, Joaquín Beltrán y los otros tres exfuncionarios libran una contienda legal que podría agravar su situación si finalmente se confirma que aquel 9 de diciembre no solo incurrieron en delitos contra el erario, sino también en un robo agravado.
