La jueza Preska dictaminó que la Argentina debe pagar con acciones por la expropiación de 2012.

Una decisión histórica de la Justicia estadounidense puso en jaque al Estado argentino: la jueza Loretta Preska ordenó entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes como forma de pago por la expropiación impulsada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. La sentencia forma parte del multimillonario juicio que condenó al país a pagar más de US$16.000 millones.

El caso tiene su origen en 2012, cuando el gobierno kirchnerista decidió estatizar el control de YPF sin cumplir con el estatuto que obligaba a realizar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de acciones. Aquel incumplimiento detonó años después una demanda presentada por Burford Capital, que compró los derechos de litigio a las quebradas compañías Petersen y Eton Park.

“No le vamos a pagar lo que ellos dicen”, dijo entonces Axel Kicillof, viceministro de Economía, en una recordada defensa de la maniobra que ahora termina costándole caro al país.

La Argentina avanzó en la expropiación de YPF sin realizar la compra del paquete accionario restante, como indica el estatuto interno de la petrolera. Ese paso omitido fue clave en el fallo adverso dictado en 2023, cuando Preska determinó que el país violó normas contractuales e incumplió su deber de buena fe.

Aunque YPF como empresa fue eximida de responsabilidades, el Estado argentino quedó como único condenado. En septiembre de 2023 se fijó el monto de la sentencia en US$16.100 millones, más intereses.

Para evitar el embargo de activos soberanos, la jueza ordenó utilizar acciones estatales de YPF como parte de pago. También avanzó en la idea de que empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Arsat o Enarsa podrían ser consideradas “alter ego” del Estado y estar sujetas a embargos.

Además, en enero, Preska obligó al Gobierno argentino a entregar información sensible, incluyendo datos sobre el oro de las reservas del Banco Central y documentos internos de las principales empresas estatales.La Argentina apeló el fallo en febrero de este año ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, pero aún no hay fecha para la audiencia clave. Mientras tanto, los fondos siguen presionando para ejecutar el fallo, con medidas concretas que ponen en riesgo el control estatal sobre YPF y otros activos estratégicos.