El gobernador bonaerense insinuó vínculos entre el Gobierno y el fondo Burford y apuntó contra la entrega del 51% de YPF.

En medio del revuelo por el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago por la expropiación de la petrolera, el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió al cruce del presidente Javier Milei y lo acusó de estar “a favor de los buitres”.

“Vamos a iniciar investigaciones porque se sabe que Milei y su Gobierno tienen vínculos con representantes de ese fondo buitre (Burford). Esto no lo puedo afirmar, por eso digo que lo vamos a investigar”, lanzó el mandatario provincial durante una conferencia de prensa en La Plata.

Kicillof responsabilizó directamente a Milei por cualquier medida que “ponga en riesgo a YPF” y lo acusó de actuar contra la soberanía nacional. “Siempre está a favor de los buitres y no del país. Siempre del lado de la entrega y no de la soberanía”, afirmó.

La reacción del gobernador llega luego del fallo judicial que complica la posición argentina ante Burford Capital, el fondo de inversión que adquirió los derechos de litigio tras la quiebra del Grupo Petersen.

Kicillof reivindicó con énfasis la expropiación de YPF, realizada durante su paso como viceministro de Economía en 2012, y aseguró que sin esa medida “no habría Vaca Muerta” ni recuperación energética.

“La privatización de los ‘90 fue una verdadera desgracia para la Argentina. Repsol desmanteló la compañía y nos volvió deficitarios en energía”, denunció. Y agregó: “La estatización fue una decisión soberana para recuperar una herramienta estratégica que estaba siendo vaciada”.

El gobernador utilizó la conferencia para contrarrestar la narrativa del oficialismo nacional, que ha evitado confrontar el fallo de Preska y, en cambio, adopta un discurso de alineamiento con los fondos litigantes, según la oposición.

El fallo de la jueza norteamericana implica que el país deberá ceder parte de las acciones estatales de YPF como garantía de pago en un juicio que ya le costó al Estado más de US$16.000 millones.“Esta situación tiene responsables. La Argentina está sufriendo una ofensiva judicial y financiera internacional, pero el Gobierno nacional no solo no la combate, sino que parece estar colaborando con ella”, sentenció Kicillof.