La Casa Rosada anticipó que apelará y aseguró que no habrá negociación con Burford Capital.

El Gobierno nacional presentó este martes un pedido formal a la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, para que suspenda la ejecución del fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los fondos Burford Capital y Eton Park, litigantes en la causa por la expropiación de la petrolera en 2012.

En la misma presentación, la República Argentina adelantó que apelará la sentencia en los próximos días y dejó en claro que no iniciará ningún tipo de negociación con los fondos demandantes mientras no haya una resolución definitiva.

Según trascendió, la defensa del Estado argentino remarcó que el propio Gobierno de Estados Unidos respaldó la postura argentina en este conflicto, y calificó de “crucial” la necesidad de suspender la aplicación del fallo, al menos hasta que la Cámara de Apelaciones analice el caso.

“La República Argentina solicitó a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que ordena la transferencia de sus acciones de YPF a los acreedores judiciales”, detalló el analista Sebastián Maril, especialista en juicios internacionales contra el Estado.

Desde la Casa Rosada insistieron en que la sentencia es de “cumplimiento imposible” en su estado actual. “No hay posibilidad alguna de acatar ese fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia”, aseguró una fuente oficial.

Además, el Ejecutivo se prepara para llevar el reclamo directamente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en busca de que esa instancia suspenda el efecto del fallo de Preska mientras se resuelve la apelación formal.

Por el momento, el gobierno de Javier Milei se niega a abrir cualquier canal de negociación con Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos del juicio por parte del Grupo Petersen. La posición oficial es esperar que la justicia norteamericana se expida en forma definitiva antes de considerar cualquier acercamiento.

Desde el entorno presidencial señalan que el objetivo es disputar la cifra final de la sentencia, valuada en US$16.000 millones, ya que aseguran contar con fundamentos jurídicos para una reducción sustancial.El conflicto judicial se remonta a la expropiación del 51% de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, sin que se haya realizado una oferta pública de adquisición (OPA) tal como lo exigía el estatuto de la empresa. Esta omisión fue el eje de la demanda impulsada por los fondos, que ahora reclaman una compensación millonaria.