Avances en la investigación de extorsión y perjuicio a beneficiarios de planes sociales.
Inhiben Bienes y Peritan Celulares de Líderes Piqueteros. La Justicia argentina dio un paso significativo en la investigación sobre el presunto accionar delictivo de referentes de movimientos piqueteros. El juez federal Sebastián Casanello emitió una orden de inhibición de bienes contra personas y cooperativas implicadas en el caso de extorsión y amenazas a beneficiarios de planes sociales. Esta medida, que incluye el peritaje de celulares como parte fundamental de la evidencia, busca arrojar luz sobre las actividades delictivas denunciadas.
La causa, que data del 20 de diciembre, surgió en medio de tensiones políticas y movilizaciones sociales. Se investiga si ciertos grupos, bajo la fachada de actividades solidarias como la gestión de comedores populares, habrían estado extorsionando a personas en situación de alta vulnerabilidad social. Se les acusa de exigir dinero a los beneficiarios de programas sociales, cobrarles por alimentos recibidos gratuitamente del Gobierno, e incluso obligarlos a participar en actividades políticas bajo amenazas de perder su ayuda estatal.
El fiscal Pollicita sostuvo la acusación bajo cargos de amenazas coactivas, extorsión y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, se está evaluando la posible implicación en delitos de lavado de dinero. Mensajes de texto recuperados de grupos de WhatsApp han sido presentados como evidencia, respaldando las acusaciones.
Las defensas de los imputados comenzó a moverse, buscando la nulidad de la causa y cuestionando el rol del Ministerio de Seguridad en el proceso. Mientras tanto, la ministra Patricia Bullrich ha solicitado ser parte querellante en la investigación, una solicitud que está bajo consideración del juez Casanello.